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El gobierno aseguró que el protocolo para la “post consulta” sobre la intangibilidad y la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue concertado con los habitantes de esa Tierra Comunitaria de Origen (TCO), pero los representantes de la zona ecología lo desmiente.
El documento se trabajó en marzo, tras la aprobación en febrero de la Ley 222 de la consulta previa, sólo con la participación del Consejo Indígena del Sur (Conisur) y el directorio paralelo de la Subcentral Sécure de Carlos Fabricano, denunció el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas.
“En ningún momento hemos sido parte del trabajo del protocolo y eso el gobierno lo sabe. Nosotros marchamos por la defensa de nuestra Casa Grande. Hemos logrado la Ley 180 para que la carretera no pase por nuestro territorio, pero el presidente se dio la vuelta y movilizó a su gente para lograr la Ley 222”, declaró Vargas en reiteradas ocasiones a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Los talleres de elaboración del reglamento de la norma y la socialización de la misma se efectuaron en Trinidad del departamento del Beni, sin la participación de organizaciones locales, departamentales y nacionales de los indígenas del Parque como establece la Constitución Política del Estado (CPE) se debe hacer de forma orgánica.
El trabajo avanzó y concluyó sólo con la presencia del Conisur y el Sécure dividido, en todo el tiempo que duró la IX marcha en defensa del TIPNIS.
Socialización
Tras la conclusión del protocolo, el documento fue socializado en las comunidades del TIPNIS, aseguró el gobierno. Sin embrago, el corregidor de la comunidad Concepción de Ichoa, Carlos Cayuba, contó a la Agencia de Noticias Indígenas que el reglamento llegó a sus manos ya elaborado y los indígenas de su población nunca fueron parte de su redacción.
Incluso, dijo Cayuba, que el documento vino con el compromiso de la ejecución de viviendas a cambio de su respaldo, que según el indígena fue planteado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, además del Conisur.
“Primero vinieron los del Conisur para que apoyemos la Ley 222, porque dijeron que ellos lo habían logrado y que a cambio iban a construir viviendas en nuestra comunidad, eso también nos dijeron del ministerio. Lo más raro fue que nos trajeron el protocolo ya terminado”, indicó el indígena.
Protocolo
El protocolo establece que serán 69 las comunidades del TIPNIS las que participarán en la consulta. Mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, indicó que serán sólo 63, pero el itinerario diseñado por el Ministerio de Obras Públicas para el recorrido que harán las 15 brigadas en el Parque “infló” a 72 el número de comunidades indígenas que participarán de la consulta que organiza el gobierno.
Establece que el Conisur será parte del proceso, pese a que el Instituto Nacional de Reforma Agrario (INRA) reconoce sólo a una comunidad indígena que habita en la zona sur del Parque, en medio de la zona colonizada.
La presidenta de la Central Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Bertha Bejarano, denunció que las afiliadas del Conisur hace tiempo que parcelaron sus tierras y pidieron sindicalizarse a la Federación de Trópico porque cultivan coca.
De tal forma que de 64 comunidades que existen en el TIPNIS, de acuerdo con el censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo 52 se mantienen en la zona ecológica y están dentro de la TCO como pueblos originarios: Mojeño-Trinitario, Yurakaré y Chimán, aseguró Bejarano./Erbol
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