El temor extiende sus tentáculos traspasando el norte de la frontera de Bolivia. En el lado brasileño, desde 2008 hay más de 60 familias de bolivianos que viven en zozobra, lidiando incluso con las secuelas de un conflicto armado que los hizo huir, temiendo por sus vidas. Del otro lado, en la franja fronteriza boliviana, hay más de 500 familias brasileñas que hace décadas se asentaron y que después de haber echado raíces, ahora tienen que ser reubicados en su país, pese a su resistencia.
Vivir en esas tierras no es nada fácil. Cuando apenas estaba en la universidad, Pablo (nombre ficticio), curioso por ver qué sucedía en el aeropuerto de Pando, se asomó al lugar ante la llegada de un avión del Ejército de donde bajaron militares abriendo fuego. Las balas rozaron sus rodillas al punto de dejarle secuelas para toda su vida.
Hoy es uno de los 66 bolivianos refugiados en Brasilea, su madre –al enterarse del drama- tuvo que dejar Santa Cruz y cruzar la frontera. Desde ese día, acompaña a su hijo en su nuevo hogar en tierra brasileña.
“Aquí hay un miedo latente, sabemos que la historia del éxodo no ha terminado, por ahora se frustra el sueño de volver a nuestras casas. No respetaron ni al senador Róger Pinto, peor a un ciudadano cualquiera”, confiesa Róger Zabala, otro refugiado y exjefe de gabinete del exgobernador de Pando, Leopoldo Fernández, que conversó con este diario desde Brasilea.
Zabala es como una especie de líder natural de los refugiados, coordina con el Instituto de Migraciones y Derechos Humanos de Brasil perteneciente a una congregación de hermanas que los apoya con frecuencia. En septiembre de este año, los refugiados cumplirán cuatro años fuera del país. La distancia provocó que muchas familias se desintegren, otras retornaron después de un tiempo.
“Es un aliento que Bolivia no nos haya olvidado, añoramos volver, pero no hay garantías”, dijo Zabala en el contacto telefónico.
En territorio boliviano, 554 familias de campesinos brasileños viven su propio drama. Están asentadas en la frontera desde la década del 70, tienen sus viviendas, crían ganado y cultivan, pero en abril de este año fueron nuevamente víctimas de una dura ofensiva.
La acción fue denunciada por el diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) de la región de Acre (Brasil), Sibá Machado. EL DEBER entrevistó al parlamentario en Brasilia, donde confirmó que los brasileños sufrieron “una fuerte presión de la Policía militar boliviana. Yo fui a Itamaraty y luego intenté hablar con el embajador de Brasil en Bolivia para encontrar una salida”.
En esa ocasión, el portal de Agazeta.net mostró el pavor que vivieron los brasileños. “Soldados bolivianos bebidos y armados con fusiles imponen el terror, amenazan con agredir a mujeres y roban”, relató el medio y denunció saqueos, incendios de casas y hasta amenazas de muerte a brasileños asentados en la Amazonia boliviana. Según Machado, la operación no fue comunicada al Gobierno de Brasil y los uniformados bolivianos ingresaron a territorio vecino, hasta el municipio de Capixaba, a 4 kilómetros de la frontera, abastecieron sus vehículos y compraron bebidas alcohólicas.
En el portal del PT, autoridades del estado de Acre aseguran que existe un grupo de unos 50 pequeños hacendados, con 200 cabezas de ganado que se resisten a ser controlados por el Ejército boliviano y no quieren salir de Bolivia, porque no se benefician con la reforma agraria en su país.
La Constitución boliviana señala que ningún extranjero puede adquirir propiedades en territorio nacional o tenerlas bajo usufructo a 50 kilómetros de las zonas fronterizas, lugar donde están los brasileños. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) de Brasil, a partir de un acuerdo bilateral con Bolivia, tiene un plan para el traslado de esas familias, pero hasta hoy no avanza.
Según Machado, la relación entre ambos países es buena, pero este tema no ha sido superado. Una carta a la que tuvo acceso este diario y está firmada por el director del Departamento de América del Sur de la Cancillería de Brasil, Joao Luiz Pereira, dice: “Itamaraty está acompañando con atención estos acontecimientos en la región fronteriza, con miras a asegurar la integridad física y material de la población brasileña que reside ahí”. El plazo para la reubicación de estos extranjeros se vence en diciembre.
Salieron con lo que pudieron
Hna. Rosita Milesi
Dir. Instituto Migraciones
La mayoría de los refugiados bolivianos están en las ciudades de Brasilea y Epitaciolandia (Acre); algunos se fueron a San Pablo en busca de trabajo.
En Acre los acompañamos, aunque son bastante autónomos. Hace pocos meses hubo una inundación en esa zona, varias familias perdieron casi todo. En casos como estos también los apoyamos.
Ellos huyeron de una situación de miedo, salieron con lo que pudieron. Con el tiempo, muchos volvieron y los que se quedaron han recibido su documento de identificación como refugiado, lo cual le facilita conseguir trabajo. Gestionamos atención a los enfermos o asistencia para emprendimientos laborales. Por ejemplo, hemos logrado recursos para que una señora ponga una especie de salón de belleza y asistimos a otra persona en la producción casera de dulces. Eso les ayuda a mantenerse.
La ley dice que una persona que tiene temor comprobado de persecución o un trauma por una situación que pasó en su país, puede seguir siendo refugiado. Algunos bolivianos no retornan porque dicen que hay procesos judiciales contra ellos.
Más datos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) asistió en un inicio a los refugiados bolivianos, con una ayuda financiera temporal. Hoy Aanur ya concluyó ese trabajo de emergencia, confirmó Luiz Fernando Godinho, oficial de Información de esta institución.
El Comité Nacional para Refugiados de Brasil (Conare), a través de su coordinador general, Renato Zerbini, explicó que los refugiados bolivianos gozan en ese país del derecho al trabajo, la salud pública, educación y a poder movilizarse o residir en cualquier parte de Brasil.
Según el Conare, existen 120 refugiados bolivianos en Brasil, la mayoría se dedica a servicios, contrucción y agricultura./El Deber
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