El juicio por supuestas irregularidades en la ejecución de la obra caminera Tarija - Potosí se reanudó ayer, pero sin que exista una acusación formal contra Patricia Ballivián, quien, según José María Bakovic, es la responsable de los presuntos delitos por los que se lo enjuicia a él y otros exfuncionarios y el representante de la empresa Queiroz Galvao, declarado rebelde. Bakovic, quien ejerció como presidente del Servicio Nacional de Caminios (SNC) hasta el año 2006, antes de su conversión a Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), denunció ayer que existieron intereses que condujeron al fracaso en la construcción de la carretera Tarija - Potosí, y sindicó a Patricia Ballivián, su sucesora en el SNC, de haber hecho fracasar el contrato con Queiroz Galvao para dárselo a la otra empresa brasileña, la OAS.
Estas circunstancias fueron observadas ayer en el Tribunal Segundo de Sentencia, donde se leyó la acusación formal en contra de Bakovic.
En el inicio del juicio, la juez Juana Abán, miembro del Tribunal Segundo de Sentencia, recibió varios informes de la parte acusadora en contra de los procesados.
¿De responsables a acusadores? Bakovic alertó ayer que “lo que resalta de estas acusaciones es que la parte técnica está redactada por quien fue fiscal de obras (Carlos Paravicini). “O sea, el verdadero responsable de la mala ejecución del proyecto es el que acusa; esta es una de las ironías. Esto lo vamos a observar en el transcurso del juicio”, dijo.
Al respecto de las cuatro acusaciones leídas, entre las que están las del Ministerio Público, las gobernaciones de Tarija y Potosí y la de la ABC, indica que todas han utilizado el sistema “copiar y pegar” un informe hecho por el fiscal de obra.
La exautoridad denunció que considera evidente la mala intención de Ballivián de llevar a la frustración la construcción de las obras para beneficiar con el contrato a la actual empresa que continúa con la construcción y que nunca la termina. “Hay mucho material, pero al último es sencillo: que se demuestra que doña Patricia Ballivián quería entregar el contrato a la OAS; para eso hizo que el proyecto ande mal y el ejecutor de la mala obra, el fiscal, es el que redacta las acusaciones (me refiero a) Carlos Paravacini, fiscal de obras”, mencionó.
Advirtió que el informe técnico que se utilizó para alejar a Queiroz Galvao fue hecho por un consultor ecuatoriano no calificado en el primer mes de de gestión de Patricia Ballivián. “O sea, la decisión ya estaba tomada”, dijo, refiriéndose al alejamiento de Queiroz que derivó en la contratación por subrogación de la OAS, empresa que reconoció haber financiado la última campaña electoral de Lula da Silva para presidente de Brasil.
A su tiempo, con respecto a este juicio, solicitó una audiencia conclusiva en base a un esquema legal que el Tribunal decidirá si lo acepta.
Con respecto a este requerimiento, el fiscal de anticorrupción Gilbert Muñoz argumentó que las acusaciones han complicado el caso debido a la existencia del número de acusados, mucha prueba testifical documental. “Hechos bastante complejos los que se van a juzgar, es que estas acusaciones han sido largas es por eso que prácticamente la lectura de los mismos ha devenido en dos días y medio, y es que mañana se va a entrar en lo que es el fundamento jurídico de lo que es la acusación por parte del Ministerio Público y los acusadores particulares”, manifestó.
Luego se entra a una fase de excepciones e incidentes que pueden poner los acusados, donde se verificó un aspecto que ha dado lugar, según Muñoz, a un mal entendido como es el pedido de una audiencia conclusiva por parte del acusado. “La defensa de los acusados ha planteado que se debe realizar una audiencia conclusiva en este caso, lo que es un absurdo jurídico dentro del punto de vista, porque la acusación del Ministerio Público se presentó un año antes de la vigencia de la Ley 007. Entonces, en ese momento, no existiera necesidad de hacer ninguna audiencia conclusiva por lo que se ve que existen actos dilatorios manifiestos para evitar que el proceso avance con normalidad y rapidez”, finalizó.
Hoy continuará el juicio en el mismo lugar a partir de las 8:30, según indicó Muñoz./El País
Estas circunstancias fueron observadas ayer en el Tribunal Segundo de Sentencia, donde se leyó la acusación formal en contra de Bakovic.
En el inicio del juicio, la juez Juana Abán, miembro del Tribunal Segundo de Sentencia, recibió varios informes de la parte acusadora en contra de los procesados.
¿De responsables a acusadores? Bakovic alertó ayer que “lo que resalta de estas acusaciones es que la parte técnica está redactada por quien fue fiscal de obras (Carlos Paravicini). “O sea, el verdadero responsable de la mala ejecución del proyecto es el que acusa; esta es una de las ironías. Esto lo vamos a observar en el transcurso del juicio”, dijo.
Al respecto de las cuatro acusaciones leídas, entre las que están las del Ministerio Público, las gobernaciones de Tarija y Potosí y la de la ABC, indica que todas han utilizado el sistema “copiar y pegar” un informe hecho por el fiscal de obra.
La exautoridad denunció que considera evidente la mala intención de Ballivián de llevar a la frustración la construcción de las obras para beneficiar con el contrato a la actual empresa que continúa con la construcción y que nunca la termina. “Hay mucho material, pero al último es sencillo: que se demuestra que doña Patricia Ballivián quería entregar el contrato a la OAS; para eso hizo que el proyecto ande mal y el ejecutor de la mala obra, el fiscal, es el que redacta las acusaciones (me refiero a) Carlos Paravacini, fiscal de obras”, mencionó.
Advirtió que el informe técnico que se utilizó para alejar a Queiroz Galvao fue hecho por un consultor ecuatoriano no calificado en el primer mes de de gestión de Patricia Ballivián. “O sea, la decisión ya estaba tomada”, dijo, refiriéndose al alejamiento de Queiroz que derivó en la contratación por subrogación de la OAS, empresa que reconoció haber financiado la última campaña electoral de Lula da Silva para presidente de Brasil.
A su tiempo, con respecto a este juicio, solicitó una audiencia conclusiva en base a un esquema legal que el Tribunal decidirá si lo acepta.
Con respecto a este requerimiento, el fiscal de anticorrupción Gilbert Muñoz argumentó que las acusaciones han complicado el caso debido a la existencia del número de acusados, mucha prueba testifical documental. “Hechos bastante complejos los que se van a juzgar, es que estas acusaciones han sido largas es por eso que prácticamente la lectura de los mismos ha devenido en dos días y medio, y es que mañana se va a entrar en lo que es el fundamento jurídico de lo que es la acusación por parte del Ministerio Público y los acusadores particulares”, manifestó.
Luego se entra a una fase de excepciones e incidentes que pueden poner los acusados, donde se verificó un aspecto que ha dado lugar, según Muñoz, a un mal entendido como es el pedido de una audiencia conclusiva por parte del acusado. “La defensa de los acusados ha planteado que se debe realizar una audiencia conclusiva en este caso, lo que es un absurdo jurídico dentro del punto de vista, porque la acusación del Ministerio Público se presentó un año antes de la vigencia de la Ley 007. Entonces, en ese momento, no existiera necesidad de hacer ninguna audiencia conclusiva por lo que se ve que existen actos dilatorios manifiestos para evitar que el proceso avance con normalidad y rapidez”, finalizó.
Hoy continuará el juicio en el mismo lugar a partir de las 8:30, según indicó Muñoz./El País
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