Asamblea definirá si acusación contra Costas pasa a Comisión

El pleno de la Asamblea Legislativa Departamental decidirá si la acusación formal que envió la Fiscalía en contra el gobernador Rubén Costas, por malversación de fondos, pasa a la Comisión de Constitución o instala un debate sobre la suspensión de la autoridad cruceña. 

“Acataré lo que el pleno decida en cumplimiento a lo que establece la Constitución y las leyes”, dijo ayer el titular de la Asamblea, José Luis Martínez, en alusión a la Ley Departamental N 26, que en sus artículos 6 y 7 indican que el gobernador y los asambleístas serán suspendidos de sus cargos si es que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada con privación de libertad superior a tres años de cárcel. Esos puntos también hace referencia al artículo 28 de la Carta Magna.

La fecha para la próxima sesión para tratar  la acusación fiscal es incierta, porque antes se recibirá el análisis jurídico del documento enviado por el Ministerio Público.

En caso de que la alianza oficialista Verdes, Frente Amplio y los indígenas se imponga, la acusación  pasará a la Comisión de Constitución, que en un plazo de 15 días deberá emitir un informe ante el plenario sobre el tema. 

En esta comisión también es analizada la nota que remitió el viernes la Contraloría de Santa Cruz en la que exhorta a la directiva de la Asamblea que se constituya en parte querellante en los procesos que enfrenta Costas.

Por su lado, el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, puso en duda la legalidad de la acusación contra Costas, porque fue firmado por el fiscal del Distrito, Isabelino Gómez, cuando supuestamente se encontraba de vacación y no en cumplimiento de sus funciones. En criterio del funcionario de la Gobernación, “este hecho pone en evidencia de que hubo presión (sobre el fiscal Gómez) para ejecutar esa acción.

En contrapartida, el jefe de bancada del MAS, Lucio  Vedia, exigió al bloque oficialista que proceda con la suspensión de Costas y que elija un interino mientras se defina la situación jurídica del gobernador electo. Los indígenas no han fijado posición sobre el tema porque no conocen el contenido del material que envió el fiscal./El Deber