Análisis-Ningún artículo de la CPE veta concesión de salvoconductos

Dos abogados dicen que se deben cumplir las normas que salvaguardan los derechos humanos. La Cancillería de Brasil sale en defensa de su embajador en La Paz.

La Constitución Política del Estado (CPE) no prohíbe en ninguno de sus artículos la concesión de un salvoconducto a personas que tienen procesos en la justicia ordinaria por delitos comunes, como afirmó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. Dos abogados constitucionalistas consultados por este medio consideraron que se trata de una interpretación personal de la autoridad gubernamental. “La Constitución reconoce el derecho de pedir asilo, pero no establece una prohibición, a mi juicio se trata de una interpretación personal de la ministra” dijo el abogado Wilbur Daza. “La Constitución y las normas de defensa de los derechos humanos internacional prevén que los asilos se conceden cuando el país que ha sido solicitado estima que hay una persecución política y no se conceden los asilos cuando se considera que en realidad se trata de un ejuiciamiento ordinario con responsabilidades penales o civiles emergentes de una función pública, pero eso no hace el Estado boliviano con un ciudadano que ha pedido asilo a un Estado extranjero, sino es el Estado solicitado el que hace esta valoración, sobre esa valoración el Estado boliviano no tiene un poder de observación porque cada Estado es soberano”, explicó ayer el constitucionalista. El jueves, Dávila dijo que la Carta Magna “claramente dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria”, en relación al pedido de Brasil para que se dé un salvoconducto al senador opositor Roger Pinto, quien se encuentra asilado en la embajada de ese país en La Paz. El abogado Arturo Yáñez dijo que “yo no encuentro una prohibición en la Constitución, es más, ni siquiera menciona ese tema, pero es importante señalar que habla de los extranjeros que solicitan asilo en el país”. También dijo que las constituciones nunca se interpretan de manera aislada, sino en función a los derechos de las personas reconocidos en tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el asilo como un derecho humano. “El artículo 256 de la Constitución boliviana establece que los derechos humanos que estén contenidos en los instrumentos internacionales deberán no sólo ser aplicados, sino interpretados de manera preferente por encima de la Constitución; en ese sentido, se tendría que aplicar de manera preferente el Pacto de San José de Costa Rica que dice que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir en territorio extranjero en caso de persecución por delitos de persecución política o comunes conexos con los políticos”, explicó. Para el abogado William Bascopé, en la Carta Magna no hay una norma clara que indique u obligue a dar un salvoconducto. “La Constitución manifiesta de que en temas de delitos comunes obviamente no tienen la recepción de asilo político de nuestro Estado y obviamente se espera la misma reciprocidad de los otros estados, en ese sentido no hay una previsión que obligue al Estado a dar ese documento llamado salvoconducto”, esto en referencia al artículo 29 de la CPE que dice que se debe dar asilo por persecución política. Bascopé también dijo los refugios políticos se dan de acuerdo a los convenios bilaterales entre los estados y en este caso Bolivia y Brasil no tienen un acuerdo bilateral que obligue a dar un pase.

Gobierno acusa a Pinto de 5 delitos

El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción informó ayer que desde esa oficina se impulsa cinco procesos en contra del senador opositor Roger Pinto, quien se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz desde hace 55 días.

Uno de los casos está en la etapa de juicio oral y fue declarado rebelde de la justicia, por lo que se desvirtúa el argumento de que el Gobierno boliviano habría emprendido una persecución política en su contra.

Los procesos abiertos por ese ministerio son: la transferencia ilegal de recursos económicos de la Zona Franca de Cobija a la universidad pública, transferencia de terrenos del Estado a particulares, asignación irregular de fondos, irregularidades en el proceso de contratación de empresas para la construcción de cuatro desembarcaderos en Pando y también se lo acusa por indicios de favorecimiento económico a cambio de propiciar la aprobación de una ley de casas de juego.

Las aclaraciones de la entidad gubernamental se producen cuando las relaciones entre Bolivia y Brasil se deterioran por la negativa del Gobierno de permitir la salida de Roger Pinto.

Según ANSA, ante el impasse, el vocero de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, rechazó la supuesta presión de Brasil a Bolivia. “Brasil no ve ninguna razón para interpretar las declaraciones del embajador como una presión”./Pagina Siete