Tras asilo a Pinto, MAS acepta debatir el delito de desacato

El senador Pinto acompañado del Diputado Oliva

Después de que Brasil aceptara asilar al senador opositor Róger Pinto, el MAS aceptó debatir en la Asamblea Legislativa Plurinacional la figura legal de desacato. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, anunció ayer que este debate se realizará al momento de modificar el Código Penal, aunque también advirtió que si se elimina este delito se debe analizar la creación de otro tipo penal para que las ofensas contra funcionarios no queden sin sanción. “Lo que hemos determinado es analizar este tipo penal cuando ya modifiquemos el Código Penal, hay varios tipos penales que se tendrán que sacar y hay otros que se tendrán que aumentar; con relación al tema del desacato, no se protege a la persona, se protege a la función pública, entonces habrá que analizar y buscar una figura que proteja efectivamente la función pública (...). No nos podemos quedar sin un tipo penal”, dijo Delgado. La autoridad insistió que el objetivo de que exista una figura penal como el desacato es evitar las acusaciones sin prueba y fundamento en contra de autoridades. Mientras tanto, partidos y agrupaciones políticas de oposición pidieron al oficialismo eliminar el tipo penal de “desacato” del ordenamiento jurídico, por considerar que es una figura anacrónica que en el pasado sirvió a regímenes dictatoriales. El debate se reposicionó después que el Gobierno brasileño otorgó, la pasada semana, asilo político al senador Pinto, quien asegura ser un perseguido político de las autoridades gubernamentales, quienes le abrieron varios procesos por desacato. “El Gobierno es el primero en utilizar esta figura anacrónica, draconiana, que vienen de la época de los códigos Banzer y de la partidocracia, el desacato tienen que ser excluido del ordenamiento jurídico”, declaró ayer el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic. El desacato es una figura penal establecida en el artículo 162 del Código Penal: “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”. El autor puede ser procesado penalmente y la pena se agrava cuando el ofendido es una importante autoridad de alguno de los órganos del Estado. El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, consideró que el desacato es un “fuero especial” para las autoridades y planteó la urgente supresión de esta figura penal. El domingo, la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, también expresó que “ojalá se pueda trabajar para que esa figura salga del Código Penal”, para que la oposición no argumente persecución política, pese a que lancen calificativos y denuncias sin pruebas contra las autoridades del Estado boliviano. Hasta ahora, todas las figuras visibles de oposición tienen procesos abiertos en su contra por autoridades del actual Gobierno, una mayoría es por delitos de desacato y actos de corrupción.

Punto de Vista

waldo albarracín Ex defensor del PuebloQue se promueva una nueva norma jurídica que derogue el Código Penal y específicamente que deje sin efecto la medida de desacato, porque en el fondo no tiene ningún sentido que esta tipificación delictiva subsista en un régimen democrático. En realidad no se está aplicando para condenar hechos típicamente delictivos, sino para reprimir cualquier manifestación, expresión de personas que puedan manifestar una posición crítica ante el Gobierno.No se trata de reemplazar por otra figura penal, simplemente se trata de eliminar.

Los antecedentes históricos del desacato surge en el momento más feroz de la dictadura militar del Gobierno de Hugo Banzer Suárez entre 1973-74, cuando se modificó el Código Penal, porque hasta esa época estaba vigente el Código Penal Santa Cruz y es ahí cuando se crearon varias figuras delictivas para reprimir políticamente a la sociedad civil. 

Esta norma tenía un objetivo claro de criminalizar la protesta social.

El problema es que las entidades como el Ministerio Público y los tribunales de justicia no tienen un grado de independencia (...), porque con jueces imparciales probablemente no sería tan fácil viabilizar la detención de las personas, en el momento en el que vivimos la coyuntura actual es compleja en lo político.(Pagina Siete)