El fiscal teme por su vida, pese a que el Ministerio de Gobierno anunció medidas de seguridad durante el proceso y también para la autoridad.
Una serie de amenazas que sufrió en varias oportunidades fue motivo para que el fiscal Marcelo Sosa, asignado al caso Terrorismo I, solicite que el juicio oral contra los acusados sea realizado en la ciudad de Tarija y no en Santa Cruz, como se determinó la semana pasada.
La solicitud fue enviada por el representante del Ministerio Público al presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia, Claudio Torres, con la finalidad de cambiar la sede del juicio oral contra los implicados con el grupo del terrorista de Eduardo Rózsa Flores.
La anterior semana, por razones estrictamente humanitarias, la capital oriental fue señalada como sede del proceso ordinario contra las personas que pretendieron dividir Bolivia. El juicio fue fijado para el 23 de julio.
Según la autoridad del Ministerio Público, los grupos de poder, entre ellos la Unión Juvenil Cruceñista o hasta el mismo gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, cuyo hermano Pablo Humberto Costas es procesado en rebeldía, con la capacidad de convocatoria y movilización que tienen van a tratar de impedir que el proceso se inicie y continué
En consecuencia, el fiscal Sosa señaló que por esas razones y por el riesgo que corre su vida es que ha visto por conveniente solicitar que se cambie la sede del juicio ordinario de Santa Cruz a Tarija
“Tenemos en cuenta que uno de los acusados es hermano del gobernador Rubén Costas, que es una persona política que maneja masas dentro de Santa Cruz, y ojalá que no ocurra ninguna situación anómala al respecto”, dijo la autoridad con cierta preocupación.
Asimismo, señaló que no se debe olvidar que en las anteriores audiencias para las que acudió a Santa Cruz, en su condición de representante del Ministerio Público, fue amenazado y esas amenazas continúan.
“Sin embargo, voy a tener que hacer lo mismo que ha hecho el senador (Roger) Pinto y pedir refugio por las amenazas de las que también constantemente estoy siendo objeto”, dijo Sosa a la red Patria Nueva.
Por su parte, Fernando Rivera, asesor Jurídico del Ministerio de Gobierno, confirmó que el fiscal Sosa realizó la solicitud fundada en las amenazas.
“En mérito de esos extremos es que él hace conocer esa situación particular que él ha sufrido”, dijo el funcionario.
La autoridad agregó, asimismo, que por el momento se realizan las gestiones necesarias con la finalidad de garantizar las medidas de seguridad para cuando se realice el juicio oral por el caso Terrorismo, y también para precautelar la integridad física del representante del Ministerio Público.
“Existen mecanismos operativos que se tienen que activar, pero lo único que pretende el Ministerio de Gobierno es que se inicie el juicio y prosiga hasta su finalización”, dijo.
El miércoles de la semana pasada, el presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia, Claudio Torres, determinó, luego de una votación realizada por los miembros de ese ente (jueces técnicos y ciudadanos), que las audiencias del juicio oral público y contradictorio en el caso denominado Terrorismo I se lleven a cabo en Santa Cruz.
La decisión fue asumida luego de una audiencia de más de cuatro horas con la presencia de representantes del Ministerio Público, la acusación particular con los abogados del Ministerio de Gobierno, y los abogados defensores de los acusados con detención preventiva y domiciliaria.
El caso involucra a 39 acusados formales, 15 de los cuales estuvieron presentes en ese citatorio, 17 son rebeldes y siete están con detención domiciliaria. Todos están implicados con el grupo terrorista.
Son más de tres años que se investiga el caso
De acuerdo con los antecedentes del caso que motiva el juicio oral, el 16 de abril de 2009 se produjo un operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde se desarticuló una célula terrorista.
En el operativo policial murieron abatidos Eduardo Rózsa Flores (boliviano, con ciudadanía húngara y croata), Árpád Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés). También fueron detenidos Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elöd Tóasó (húngaro).
Tadic y Tóasó se encuentran recluidos en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Tadic, en una visita de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados que investigaba el caso, señaló a Branco Marinkovic como uno de los financiadores del grupo.(Cambio)
Una serie de amenazas que sufrió en varias oportunidades fue motivo para que el fiscal Marcelo Sosa, asignado al caso Terrorismo I, solicite que el juicio oral contra los acusados sea realizado en la ciudad de Tarija y no en Santa Cruz, como se determinó la semana pasada.
La solicitud fue enviada por el representante del Ministerio Público al presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia, Claudio Torres, con la finalidad de cambiar la sede del juicio oral contra los implicados con el grupo del terrorista de Eduardo Rózsa Flores.
La anterior semana, por razones estrictamente humanitarias, la capital oriental fue señalada como sede del proceso ordinario contra las personas que pretendieron dividir Bolivia. El juicio fue fijado para el 23 de julio.
Según la autoridad del Ministerio Público, los grupos de poder, entre ellos la Unión Juvenil Cruceñista o hasta el mismo gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, cuyo hermano Pablo Humberto Costas es procesado en rebeldía, con la capacidad de convocatoria y movilización que tienen van a tratar de impedir que el proceso se inicie y continué
En consecuencia, el fiscal Sosa señaló que por esas razones y por el riesgo que corre su vida es que ha visto por conveniente solicitar que se cambie la sede del juicio ordinario de Santa Cruz a Tarija
“Tenemos en cuenta que uno de los acusados es hermano del gobernador Rubén Costas, que es una persona política que maneja masas dentro de Santa Cruz, y ojalá que no ocurra ninguna situación anómala al respecto”, dijo la autoridad con cierta preocupación.
Asimismo, señaló que no se debe olvidar que en las anteriores audiencias para las que acudió a Santa Cruz, en su condición de representante del Ministerio Público, fue amenazado y esas amenazas continúan.
“Sin embargo, voy a tener que hacer lo mismo que ha hecho el senador (Roger) Pinto y pedir refugio por las amenazas de las que también constantemente estoy siendo objeto”, dijo Sosa a la red Patria Nueva.
Por su parte, Fernando Rivera, asesor Jurídico del Ministerio de Gobierno, confirmó que el fiscal Sosa realizó la solicitud fundada en las amenazas.
“En mérito de esos extremos es que él hace conocer esa situación particular que él ha sufrido”, dijo el funcionario.
La autoridad agregó, asimismo, que por el momento se realizan las gestiones necesarias con la finalidad de garantizar las medidas de seguridad para cuando se realice el juicio oral por el caso Terrorismo, y también para precautelar la integridad física del representante del Ministerio Público.
“Existen mecanismos operativos que se tienen que activar, pero lo único que pretende el Ministerio de Gobierno es que se inicie el juicio y prosiga hasta su finalización”, dijo.
El miércoles de la semana pasada, el presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia, Claudio Torres, determinó, luego de una votación realizada por los miembros de ese ente (jueces técnicos y ciudadanos), que las audiencias del juicio oral público y contradictorio en el caso denominado Terrorismo I se lleven a cabo en Santa Cruz.
La decisión fue asumida luego de una audiencia de más de cuatro horas con la presencia de representantes del Ministerio Público, la acusación particular con los abogados del Ministerio de Gobierno, y los abogados defensores de los acusados con detención preventiva y domiciliaria.
El caso involucra a 39 acusados formales, 15 de los cuales estuvieron presentes en ese citatorio, 17 son rebeldes y siete están con detención domiciliaria. Todos están implicados con el grupo terrorista.
Son más de tres años que se investiga el caso
De acuerdo con los antecedentes del caso que motiva el juicio oral, el 16 de abril de 2009 se produjo un operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde se desarticuló una célula terrorista.
En el operativo policial murieron abatidos Eduardo Rózsa Flores (boliviano, con ciudadanía húngara y croata), Árpád Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés). También fueron detenidos Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elöd Tóasó (húngaro).
Tadic y Tóasó se encuentran recluidos en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Tadic, en una visita de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados que investigaba el caso, señaló a Branco Marinkovic como uno de los financiadores del grupo.(Cambio)
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