Tarija: Lafuente insiste en la falta de una norma para cobrar por los licuables

El reabierto debate en torno a la participación de Tarija en las regalías que Brasil paga por los líquidos que ingresan en el torrente de gas en su territorio, por el cual el contrato de venta GSA, en su adenda IV, establece un pago anual de entre 100 y 180 millones de dólares que se vienen pagando desde 2007, sumó un nuevo punto de vista.

El representante de Tarija en el Directorio de Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bollivianos (YPFB), Luis Lafuente,  señaló que es necesario actualizar la legislación al respecto, aspecto que también fue planteado por el ejecutivo seccional de Villamontes, Rubén Vaca.

Según Lafuente, la Constitución Política del Estado salvaguarda el pago en el punto de fiscalización, donde el torrente se encuentra en estado gaseoso, en el que tiene un valor determinado, pero no contempla el pago de regalías sobre el mismo una vez licuado, lo que tiene un valor superior.

El punto de visa de Lafuente fué inmediatamente refutado por analistas locales, quienes advirtieron que las regalías se valoran en punto de fiscalización tomando en cuenta el precio de la energía, según su destino. Si es al mercado interno, se valorizará tomando en cuenta el precio que se paga en el mercado interno y, si es al mercado de exportación (Brasil o Argentina), se valorizará tomando en cuenta el precio que pagan esos países. En el caso de Brasil, éste paga por el gas y los licuables, por lo que, afirman, la suma de esos precios debe aplicarse para calcular el pago de regalías.

Lafuente dijo que, “por ejemplo la planta de Río Grande separa los líquidos, y eso adquiere mayor valor, sin embargo también ha habido un coste de inversión, por lo que sería necesario actualizar la legislación dentro de un marco técnico, económico y legal”.

Lafuente señaló que Brasil paga por enviar un poder calorífico determinado en el torrente de gas. La compensación establecida en la adenda IV establece la compensación por el poder calorífico superior al acordado en el contrato y que Brasil lo utiliza en diferentes plantas petroquímicas y de industrialización del gas.

El representante en el directorio de YPFB apoya la postura de recibir regalías sobre esa compensación, pero considera que debería remitirse una ponencia determinada a la estatal petrolera y actualizar la legislación en ese sentido. “Como tarijeño estoy de acuerdo y cualquier Carta Magna reconoce la participación de los Departamentos productores”.

Pero recalcó que el conflicto se genera por lo definido en el punto de fiscalización; en el cual el gas tiene un valor determinado inferior al conseguido una vez industrializado o separado, donde se ha realizado una inversión y un gasto en transporte, pero animó a realizar los cálculos necesarios para definirlo e incorporarlo a la legislación.

En contraposición a esa opinión, la semana pasada se pronunciaron cívicos y analistas afirmando que no es necesaria ninguna legislación adicional y que sólo debe aplicarse lo que dispone la Ley de Hidrocarburos vigente al respecto, norma que no admite discusión, afirmaron.(El Nacional)