El Gobierno Departamental Autónomo de Tarija tiene 36 competencias exclusivas reconocidas por la Constitución Política del Estado. A ellas se suman otras especificadas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Sin embargo, ni un 50 por ciento de esas competencias son ejecutadas actualmente, según lo reconocen los propios asambleístas departamentales.
Para Sergio Reyes, de Camino al Cambio (CC), es el oficialismo y la Gobernación los que impiden poner en práctica esas competencias y así ejecutar en Tarija un régimen autonómico. Para José Amás, de Poder Autonómico Nacional (PAN), falta visión autonómica en las leyes propuestas al interior de la Asamblea Departamental. Mientras que José Quecaña apunta a las diferencias políticas que impiden un normal desarrollo del proceso autonómico.
Dos normas que reconocen competencias
La Constitución Política del Estado, en su artículo 300, reconoce 36 competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos. Entre ellas se puede mencionar Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados, Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria, Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales, Creación y administración de impuestos de carácter departamental, Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad departamental. Crear empresas públicas departamentales y la Administración de sus recursos por regalías en el marco del propuesto general de la Nación, entre otras atribuciones.
Pero además, la Ley Marco de Autonomías es más explícita y desarrolla las competencias asignadas en los artículos 298 a 304 de la CPE. Éstas están destinadas a las áreas de Salud, Hábitat y Vivienda, Agua Potable y Alcantarillado, Educación, Telefonía Fija, Móvil y Telecomunicaciones, Patrimonio Cultural, Recursos Naturales, Biodiversidad y Medio Ambiente, Recursos Hídricos, Desarrollo Rural, Energía y Transporte, entre otras.
¿Cuántas de esas competencias se ejecutan? Según el analista político, Carlos Hugo Molina, las asambleas departamentales y las gobernaciones no han sabido aprovechar las atribuciones y competencias que les otorga las normas mencionadas.
“Hay competencias que no necesitan el visto bueno del nivel central, que pueden ser ejecutados en los departamentos—explicó—pero no hay leyes en esas materias”
Desde el punto de vista de Molina, una vez que la Asamblea Departamental y la Gobernación reconozcan el alcance de sus capacidades, recién se podrá entender la importancia de la autonomía.
“No hay respuesta de las asambleas. No existen leyes trascendentales, no hay un ejercicio normativo—recalcó—las asambleas siguen siendo consejos departamentales y los gobernadores siguen siendo prefectos. No se han posesionado en el nuevo papel que la nueva Constitución y las leyes le abren”.
Para Molina los niveles departamentales ya no deberían esperar respuestas del nivel central, en temas como salud, educación y seguridad ciudadana. “En esos temas es necesario ampliar el marco del ejercicio de las competencias para empezar a legislar, y si hay conflicto de competencia, pues que lo resuelva el Tribunal Constitucional o que se transfiera la competencia a los niveles territoriales”.
Una asamblea monótona
José Amás, de la bancada de PAN, reconoció que falta iniciativa para ejecutar esas competencias autonómicas. Como ejemplo mencionó que las leyes que llegan a la Asamblea Departamental son “banales” y no estructurales.
“Estamos divagando”, admitió Amás a tiempo de recalcar que los asesores no están cumpliendo una labor de guía. “El asesor no es sólo la yunta, es la persona que tiene que dar directrices, la que guíe en este proceso autonómico. Pero eso no se ve y por eso hemos entrado en la monotonía. Nos falta una guía”.
Para Sergio Reyes, de CC, al Gobierno Departamental de Tarija no ha sabido asumir las competencias autonómicas. El asambleísta opositor considera que la traba está en los asambleístas del MAS y en las autoridades que forman parte de esa línea política.
“El Gobierno no tiene una visión autonómica y ha instruido a sus asambleístas evitar a toda costa que las asambleas departamentales puedan alcanzar las competencias que ha otorgado la Constitución”, dijo Reyes quien considera que existen condiciones para asumir atribuciones autonómicas, pero lo que falta es voluntad y vocación.
Entre tanto José Quecaña, del MAS, admitió que la Asamblea aún no asumido las competencias que les facultan las normas, pero no por falta de voluntad—recalcó—sino porque todavía existen aspectos que aún deben fortalecerse en el Gobierno Departamental.
“Hay normas nacionales que aún están vigentes—dijo—y eso nos perjudica en todavía. Pero estamos avanzando y es lo importante. Estamos trabajando de forma improvisada, pero eso va ir cambiando”.
elAPUNTE
La CPE reconoce sociedades para industrialización
La Constitución Política del Estado (en su Artículo 300-parágrafó I-inciso 33) reconoce la sociedad, departamento-Estado, para el proceso de industrialización de hidrocarburos.
Dice textual: “Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector”.
Pese a existir ese respaldo, ni la Asamblea Departamental ni la Gobernación se han movilizado para concretar sociedad con YPFB en la construcción de la Planta Separadora de Líquidos, una propuesta que fue lanzada hace un año por el dirigente cívico Miguel Justiniano y que ha recibido apoyo de autoridades como Rubén Vaca./El Nacional
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