Ochocientos millones de bolivianos, ni más ni menos, es lo que calcula el secretario de Economía y Hacienda, Grover Pereira, que se deberá introducir en el reformulado presupuestario de junio. Ochocientos millones de bolivianos son los que actualmente están en riesgo de quedarse, literalmente, en La Paz ante la parálisis instalada enla Asamblea LegislativaDepartamental, que en este momento carece de Directiva electa y las bancadas refugiadas en posturas irreconciliables.
Mientras el Movimiento Al Socialismo exige reconocer como presidenta a Guadalupe Jurado, en virtud de la segunda votación donde se anuló el voto que reclaman como propio. Camino al Cambio exige reanudar la votación en el momento en que se dejó, para posesionar a Justino Zambrana, victorioso en la cuarta ronda. De momento ya son dos semanas de bloqueo, y el conflicto augura una difícil resolución.
Plazos ajustados y alta burocracia
Pereira informó que si bien todavía no se ha cursado el instructivo desde el Ministerio de Economía y Hacienda para presentar el reformulado con todos los requisitos, recordó que la difícil estructura del departamento, que cuenta con ejecutivos seccionales yla Asamblea Regionaldel Chaco, hace más complicada la unificación del Plan Operativo Anual (POA), por lo que “ya estamos preparando un instructivo interno, en base a 800 millones de bolivianos, y evitar que nos falte tiempo”.
Y es que los instructivos del Ministerio no dan un plazo mayor a quince días para presentar toda la documentación, “y sí o sí se tendrán que presentar enLa Pazantes de julio”. Así pues, Tarija se encuentra en su cuenta atrás, pues extraoficialmente se cita el día 20 como fecha tope para conocer el destino de los ochocientos millones, que corresponden fundamentalmente al aumento de las regalías en base al precio de exportación de los hidrocarburos que proceden del departamento.
En las dos últimas ocasiones que hubo que cumplir con el Ministerio, Tarija “se ha aplazado”, tanto en la presentación del POA 2012 en el último trimestre del año pasado, donde por “falta de tiempo” no se pudieron inscribir los proyectos definidos, sino que se inscribieron los programas en grande, lo que generó no pocos problemas al inicio de 2012 para distribuir los recursos y cumplir con los pagos a trabajadores y proveedores.
La segunda ocasión en la que se registró un retraso fue en la reformulación de saldos sobrantes excedentarios de 2011 y que se intentó realizar en marzo de 2012, sin embargo, los aproximadamente 140 millones de bolivianos que debían destinarse mayoritariamente al pago del bono Prosol, según Pereira, y al funcionamiento de consultorías en las Asambleas, no fue aprobado por el legislativo. “Era un documento sencillo, pero que por política no se quiso aprobar, pronto las asambleas sentirán las consecuencias, puesto que no podrán cancelar las consultorías contratadas, porque no tendrán fondos”.
Numerosos proyectos se encuentran en esta gestión pendientes de encontrar financiación. Entre los más destacados se encuentran los proyectos carreteros emanados dela Cumbre Vialdepartamental celebrada en Entre Ríos.
Los datos:
- 800 millones de bolivianos calcula el Secretario de Hacienda que tendrá que introducir Tarija en su reformulado
- 15 días suele otorgar el Ministerio de Economía para presentar toda la documentación aprobada enLa Paz
NOTA DE APOYO
Autonomía Departamental con gestión burocratizada
Jesús Cantín/El Nacional
El Secretario de Economía y Hacienda, Grover Pereira se mostró confiado en poder resolver el trámite de la reformulación en coordinación con los Ejecutivos Seccionales, si bien opositores como la asambleísta Sara Cuevas y el ejecutivo seccional de Cercado, Alfonso Lema, advirtieron de la necesidad de desbloquearla Asambleapara evitar posibles reversiones de fondos al nivel central del Estado.
Alfonso Lema recordó que el plazo otorgado por el Ministerio, que no suele superar los quince días coincide con el tiempo que las comisiones del Legislativo tienen para deliberar, por lo que se traba la decisión. Al mismo tiempo, Lema lamentó que todavía no exista un criterio consensuado para la repartición de recursos entre los niveles autonómicos, sino que se maneje a nivel discrecional. Por último señaló que “es una señal de poca autonomía el que tengamos que manejar el reformulado 2012 y el POA 2013 al mismo tiempo”.
Pereira señaló que el nuevo Sistema de Gestión Pública sigue impidiendo tener una visión económica global del departamento.(El Nacional)


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