Santa Cruz-Fiscal garantiza audiencia e insiste en detener a concejales

El fiscal Carlos Candia ha tomado todas sus previsiones para que la audiencia contra siete concejales del municipio de Santa Cruz, que son acusados por el burgomaestre Percy Fernández por incumplimiento de deberes, se lleve a cabo hoy y no se suspenda como ocurrió el pasado viernes, cuando los imputados acudieron ante la jueza Valeria Salas sin sus abogados. “Hemos habilitado defensores de oficio en caso de que los ediles se olviden de nuevo traer a sus abogados”, aseguró. 
El hombre del Ministerio Público dijo que este fin de semana no hubo ningún tipo de acercamiento entre Fernández y los llamados disidentes Óscar Vargas, Arminda Velásquez, Carlos Manuel Saavedra, Janine Parada, Sibele Ortiz, Leonardo Roca y Enrique Laldívar. 
Por el contrario, dijo que la posición suya no ha cambiado y que se pedirá a Valeria Salas, jueza del juzgado Octavo de Instrucción Cautelar, que a los acusados se los detenga.  Argumentó esa posición porque en su momento, según él, no acreditaron de manera idónea datos familiares y domicilio y porque pueden influir negativamente sobre los funcionarios subalternos del Concejo.   “Nada puede impedir que haya sesión, pero estimo que los concejales pueden presentar alguna recusación contra la jueza Valeria Salas”, adelantó.  
Óscar Vargas, uno de los concejales disidentes, a nombre del grupo de los siete, aseguró que hoy asistirán a la audiencia prevista a realizarse en el piso siete del Palacio de Justicia.  Considera que el inventario de temas pendientes vinculados a intereses económicos, como los que vienen denunciando, es lo que motiva a que el Ejecutivo procese, según él, a concejales que solo se han dedicado a fiscalizar. “De otra manera no se explica la celeridad con que actúan jueces y fiscales. El mismo alcalde tiene procesos de tres y  cuatro años y no avanzan, mientras que el que él nos implantó caminó rápido”, lamentó.   
Loreto Moreno, concejal suplente de Manuel Saavedra, dijo que alguien tiene que convocarla en caso de que tenga que remplazarlo, porque alegremente no piensa tomar partido.  
“Por el momento no tengo nada que ver en este asunto y si nos convocan estaremos para trabajar, tenemos la suficiente capacidad para poner el esfuerzo y demostrar al vecino que no se equivocó en votar por los titulares y por los suplentes”, afirmó.   
Por su parte, Angélica Sosa, presidenta del directorio de Emacruz y secretaria de Parques y Jardines, dijo: “sobre temas relacionados a la justicia, están fuera de nuestro ámbito”.  
 Cronología
5 de marzo. El Concejo rechazó el informe de gestión del Ejecutivo, lo que causó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas congelara las cuentas del municipio. Sin embargo, la detonante sucedió el 19 de marzo, cuando siete concejales votaron a favor de la suspensión de Desirée Bravo contra tres, que querían su continuidad. 
- 13 de junio. Un nuevo baldazo de agua fría en el Concejo Municipal de Santa Cruz. Un juez ordenó medidas sustitutivas a la detención preventiva de cinco concejales de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT). La determinación se dio luego de la audiencia de medidas cautelares por un proceso judicial que le sigue la concejala suspendida Desirée Bravo, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes. 
- 15 de junio. Se suspendió la audiencia judicial para hoy lunes.
La justicia, al servicio del ejecutivo 
Iván Arias Durán / Municipalista

Se han despertado todos los demonios que harán daño a la ciudad, el demonio de la soberbia, de la intolerancia y de la incomprensión. Hoy el  Ejecutivo y el Concejo, lejos de acercar sus diferencia, lo que han hecho es profundizarlas, eso dice muy mal de todos ellos. 
La ciudad es la que está perdiendo en obras, porque muchos trabajos no se podrán ejecutar. El alcalde no puede gastar la plata sin tener un legislativo bien constituido. Aquí hay un impasse muy peligroso. ¿Cómo el alcalde va a justificar el desayuno escolar, el pago del servicio de aseo, y otros, si es que no hay aprobación de los ediles?    
Imagínese que un juez determine que la mitad del congreso de  Bolivia no pueda sesionar ni hablar entre sí, eso sería un virtual golpe de estado, pero eso se hizo en Santa Cruz y nadie hizo nada. 
Hoy, en la audiencia puede ocurrir otro precedente funesto para la autonomía municipal y para la misma democracia.  El ejecutivo está ligado a la justicia y esta se encuentra a su servicio. Parece que se ha dado la alianza entre ambos poderes. 
La justicia está ayudando al alcalde. Sin importar los procesos democráticos, Santa Cruz está presa de la lógica que domina en el país, la lógica de la intolerancia, dictatorial, de un ejecutivo que quiere hacer las cosas como se le ocurre.   
Cuando uno tiene actitudes dictatoriales se expresa en la casa, se reclama tolerancia hacia afuera pero en mi hogar soy intolerante. Eso está ocurriendo en Santa Cruz.  La solución es que vuelva la cordura, que Santa Cruz recupere el espíritu autonómico, un diálogo constructivo entre su legislativo y su ejecutivo./ EL DEBER