Santa Cruz-Defensor: Decisión del juez viola el derecho al trabajo de concejales cruceños

El juez Sexto de Instrucción Penal, Juan José Zubieta, que aplicó, entre otras medidas cautelares, la prohibición a los concejales Leonardo Roca, Manuel Saavedra, Enrique Landivar, Yanine Parada y Sibele Ortiz de reunirse por 45 días, está generando una vulneración al derecho al trabajo que tienen estas autoridades, que por su naturaleza, tienen la obligación de sesionar en el Concejo Municipal, afirmó hoy la Representación Departamental del Defensor del Pueblo.

“Además, si entre otras medidas cautelares que se han aplicado a las autoridades ediles, está la de pagar una fianza de 10.000 bolivianos, es obvio que no se les puede impedir el derecho al trabajo para cumplir con esta resolución judicial, que además les impone el arraigo y la presentación cada 15 días ante el Ministerio Público”, indica el comunicado de la Defensoría.

El documento añade que el derecho al trabajo que se les está restringiendo a estas autoridades municipales perjudica el normal funcionamiento de la institucionalidad del municipio cruceño que debiera interesar más que las pugnas internas y los intereses políticos de uno y otro lado.

La Constitución Política en su artículo 46 señala: “Toda persona tiene derecho: al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegura para sí y su familia unas existencia digna”.

La Defensoría sostiene que de igual modo, el derecho a reunirse de estas autoridades que han sido elegidas para cumplir su rol legislativo, de representación y fiscalización en el municipio cruceño, no debiera ser restringido ya que con esta medida se está impidiendo el normal desenvolvimiento de las actividades de la Alcaldía de Santa Cruz. El artículo 21 de la Constitución habla sobre los derechos civiles y políticos, y entre ellos: “A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”.

Por otro lado, la decisión del juez para suspender, así sea temporalmente por 45 días, a los concejales municipales, usurpa funciones del órgano deliberante que por ley está facultado a suspender a una autoridad electa del municipio cuando pesa sobre ella una acusación formal o una sentencia ejecutoriada, que no es el caso de los concejales a quienes se ha aplicado esta medida cautelar.

También consideró que la aplicación de  las medidas cautelares debe estar íntimamente relacionada a  la presunción de inocencia, que constituye uno de los elementos principales del debido proceso, lo cual es también una garantía constitucional./Erbol