En la que parece ser su última opción contra la destitución, el presidente deParaguay presentará un recurso contra el juicio político. Dirá que no se respetó el debido proceso.
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La acción judicial se sustenta en el hecho de que el juicio planteado no cumple con el debido proceso y por tanto viola sus derechos constitucionales.
"Lo que se presentó en el libelo (texto) acusatorio y las condiciones del proceso no dan garantías para decir que se garantiza el derecho del acusado, de cualquier persona en Paraguay, y mucho menos el derecho del presidente de la República (...) Los argumentos de la acusación parecen sacados de una revista cómica, no hay seriedad en el proceso, no hay seriedad de los tiempos procesales, no hay garantías", afirmó Perito.
Según este funcionario, el reglamento del juicio político aprobado por la Cámara de Senadores, que solo ofrece dos horas al mandatario paraguayo para su defensa, esinconstitucional, y viola los derechos constitucionales. "Un reglamento no puede estar por encima de la Constitución, es un procedimiento inaceptable", afirmó el secretario general de la Presidencia.
El Congreso autorizó el jueves la celebración de un juicio político contra Lugo para determinar si ha incumplido sus funciones como presidente "por mal desempeño de sus funciones". La acusación se basa en cinco actuaciones puntuales de su Gobierno, por las que los legisladores también piden un proceso penal.
El supuesto detonante ha sido la muerte de 17 personas en los enfrentamientos que se produjeron hace una semana en Curuguaty.
En una comparecencia televisiva, Lugo ha confirmado que se someterá al juicio político pero ha dejado claro que no dimitirá porque considera que "no existe ninguna causa valedera, ni jurídica ni política" que le obligue a separarse del cargo para el que fue electo hace cuatro años.
La Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el jefe de Estado sólo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
El último juicio político a un presidente paraguayo tuvo lugar en 1999, cuandoRaúl Cubas fue acusado de mal desempeño de sus funciones tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que concluyera el proceso judicial./Infobae
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