Cuarenta días posteriores a su detención, Alejandro Melgar Pereira, el abogado que fue implicado por el fiscal Marcelo Soza en el caso Terrorismo I, aún sigue con arresto administrativo en una cárcel uruguaya.
El 2 de junio feneció el plazo que abría la posibilidad de que Melgar recuperara su libertad. Sin embargo, el 22 de mayo la Cancillería boliviana envío un exhorto suplicatorio de extradición a Uruguay, traspasando la decisión final a manos charrúas.
“Si la justicia boliviana no presenta la solicitud formal esta persona queda liberada. Si la presenta se puede iniciar el juicio para determinar si corresponde o no extraditarlo a Bolivia”, indicó un funcionario de prensa del Poder Judicial de Uruguay.
El análisis del caso puede demorar bastante tiempo, incluso años, según la legislación uruguaya.
Jhonny Melgar, padre de Alejandro, aseguró que el exhorto evidentemente llegó a Uruguay, pero que “no tiene fundamentación jurídica, porque no prueba algún delito de Alejandro ni en Bolivia ni en Uruguay”.
El progenitor aseguró, citando el marco normativo uruguayo, que si no hay fundamentación, la justicia charrúa no puede detener arbitrariamente a Melgar porque además hay plazos perentorios para iniciar un proceso.
En tanto, Melgar continúa con arresto administrativo. Puede recibir visitas pero no hablar públicamente.
GARANTÍAS PARA EL JUICIO
- Temor. El fiscal Marcelo Soza dijo que el juicio por el caso terrorismo debe realizarse en Tarija y no en Santa Cruz porque teme por su vida y porque no hay garantías para realizarlo.
- Respuesta. Familiares de los imputados anunciaron que pedirán a la Policía, la Iglesia y otras entidades cruceñas cuidar el bienestar de Soza para que se concluya el juicio aquí.
- Tranquilidad. El Comité pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista dijeron que mantendrán el respeto a las normas y darán las garantías para que Soza “esté tranquilo”.
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