Gobierno desiste de 2 juicios contra Pinto y se abre a excluir el desacato

La ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, informó, este domingo, que ella y el vicepresidente del Estado Plurinacional, Alvaro García, desistirán de los procesos que iniciaron al senador Roger Pinto, a quien el Estado brasileño le concedió el asilo político. Además, por primera vez, el Gobierno expresó el interés de que la figura del desacato sea excluido del Código Penal boliviano.

“Quiero decirlo de cara al pueblo, estoy dispuesta a desistir de la denuncia que hice por desacato en contra de Pinto pese a que él jamás ha limpiado mi imagen, es más ha manchado mi imagen, de mis hijos, pero para que quede muy claro desisto y estoy segura que lo hará el Vicepresidente, estoy muy segura”, anunció este fin de semana haciendo referencia a que el senador opositor vinculó al hermano de la Ministra con hechos de corrupción.

La autoridad gubernamental indicó que decisión era asumida debido a que los líderes de oposición utilizan los juicios en su contra argumentando una presunta persecución política.

Hasta el momento, de acuerdo a los representantes de la alianza de oposición Convergencia Nacional (CN) a la que pertenece el senador Pinto, éste cuenta con 21 procesos en su contra. La Ministra asegura que 14 son iniciadas por el Gobierno y de este total cuatro son por desacato.

“Tiene cuatro procesos por desacato uno que le sigue el Vicepresidente, otro el ex ministro Sacha LLorenti, otro el fiscal Mario Sosa y otro yo”, aseguró la autoridad gubernamental. Ella resaltó que los juicios por desacato no deben ser confundidos con los procesos por presunta corrupción contra el senador Pinto involucrado con la supuesta malversación de al menos 6 millones de dólares.

Explicó que hasta la fecha ella cuenta con 97 procesos contra autoridades del mismo partido gubernamental entre ministros, viceministros, directores, senadores y diputados. Además de dos contra dirigentes de movimientos sociales. “¿eso es persecución política?” se preguntó.

Desacato

“Ojalá se pueda trabajar para que esa figura salga del código penal”, aseguró Suxo para que la oposición no argumente persecución política en su contra después de emitir algunos calificativos o denuncias en su contra.

La bancada de la alianza opositora Convergencia Nacional (CN) comenzó, en febrero de esta gestión, una campaña denominada “Basta a la persecución política”, con el objetivo de eliminar la figura del “desacato”, a la que consideran arbitraria y fuera del ordenamiento jurídico internacional. Como una primera medida los legisladores decidieron que no acudirán más a convocatorias judiciales.

El delito de desacato es calificado, de acuerdo a la normativa boliviana, como una forma de injuria, difamación o calumnia a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones por cualquier medio. Su penalización está enmarcada entre un mes a dos años de cárcel de acuerdo al Código Penal.

“Pueden decir lo que quieran de las servidoras públicas, pueden decir que somos narcotraficantes, ladrones, contrabandistas y nosotros no tenemos defensa alguna”, reclamó la Ministra Anticorrupción.

Desde el punto de vista de la alianza opositora, la figura jurídica del desacato sólo serviría para ejecutar la presunta persecución política a los críticos al gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).

En marzo, la Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos pidió, una vez más, al Gobierno y a la Asamblea Legislativa eliminar el delito del desacato de la legislación penal boliviana. Esta recomendación fue reiterada en el informe anual de la ONU que fue presentado en La Paz.

De acuerdo al Artículo 151 de la Constitución, “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”. 

Ese fue el Artículo con el que se defendieron varios de los legisladores de oposición sobre todo de Convergencia al denunciar persecución política. Entre uno de los casos de mayor polémica fue el de la senadora pandina Carmen Eva Gonzales que fue aprehendida en plena plaza Murillo por un proceso que le sigue el gobernador de pando , Luis Flores, quien fue denunciado por corrupción.

Hasta el momento, el senador Pinto se encuentra en las instalaciones de la Embajada del Brasil desde el lunes 28 de mayo. Se espera que el Gobierno reciba un comunicado oficial por parte del Gobierno brasileño para que Bolivia otorgue el salvoconducto a favor del legislador pandino después de haber conocido mediante un comunicado desde la Cancillería del vecino país la otorgación de asilo político al opositor.

"El gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano de Bolivia Roger Pinto Molina, a luz de las normas y prácticas del Derecho Internacional Latinoamericano y con base en el artículo 4, inciso X de la Constitución Federal", detalla un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.(Opinión)