No se amedrentó el director, Yamil José Cuéllar, ante las amenazas del director de Transparencia de la Gobernación, Beimar Farfán, quien anunció en la mañana que abriría inmediatamente un proceso de investigación, ni por las lapidarias declaraciones de Julio Ulloa, director de la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT), quien afirmó que el canal RTP – Yacuiba no contaba con licencia de funcionamiento. Cuéllar se presentó en el periódico, documentación en mano, para explicar el “malentendido”, pero sin querer realizar una declaración formal, puesto que como Director de Comunicación de la Gobernación señaló no estar autorizado.
Contratar y anular el mismo día
Según la documentación expuesta, a diferencia de la generalidad de trámites que se realizan en el Gobierno departamental, el contrato, firmado el 1 de junio de 2012 y por el plazo de un mes, fue anulado el mismo día. Ese mismo 1 de junio, se firmó el contrato en horas de la mañana. Ese mismo día, la supuesta representante de RTP-Yacuiba, Dely Rosario Flores, emitió una carta mediante la cual advertía que no estaba lista para cumplir lo acordado en el contrato firmado en horas de la mañana (respaldado documentalmente). Por ese motivo, Cuéllar encargó un informe (respaldado documentalmente) y la posterior anulación de ese contrato. Todo el mismo 1 de junio.
La notificación fue recibida en Yacuiba por la propia firmante del contrato Dely Rosario Flores, el día 2. También la recepción del documento está respaldada documentalmente, si bien la firma de la señora Flores, en los tres documentos en poder de este periódico sufre considerables modificaciones entre ellas.
Los contratos de buena Fe
Toda una ganga en Tarija: las autoridades no verifican si alguien tiene lo que ofrece. Para la firma del contrato, como es conocido, se realiza una verificación de la documentación necesaria que rigen las normas de contratación. Algo que según dijo Cuéllar, se realiza de “buena Fe”. Toda la documentación es verificada por el responsable de administración de la Dirección de Comunicación de la Gobernación, Arturo Flores, y a partir de ahí, se presenta el contrato para su firma.
La documentación respaldatoria enviada por la supuesta representante de RTP – Yacuiba, Rosario Flores, con su cédula de identidad 1799645Tja, el Número de Identificación Tributaria de su empresa unipersonal, 1799645013. Dos contratos de delegación de transmisión de Radio Televisión Popular, uno de la cadena estatal a Jaime Cusicanqui Giles, representante de RTP en Tarija y que a su vez transfiere a Dely Rosario Flores, además de la certificación de Cable Video Satelital, red por la cual, igualmente, se emitía la señal. Esto último fue desmentido el martes en Yacuiba por los responsables del servicio de cable.
Con esta documentación, el contrato pasó a su fase final, esto es, la rúbrica formal previa a la protocolización. Cuéllar señaló que el contrato no entró en vigor por la alerta dada por la representante Dely Rosario Flores, y que por lo tanto, no se ha cancelado ningún monto a la empresa, por este contrato que vencería mañana 30 de junio.
Durante toda la tarde se intentó contactar con la señora Dely Rosario Flores, pero se encontró en todo momento fuera del domicilio familiar, por motivos de las fiestas de San Pedro, según indicaron en el hogar. Un festejo que al parecer ya dura dos días seguidos para la señora Flores.
NOTA DE APOYO
Autorización de la ATT y la protocolización
REDACCIÓN CENTRAL/EL NACIONAL
Ante la notoria falta de control documental requerida por la Dirección Departamental de Comunicación de la Gobernación, EL NACIONAL consultó con algunos directores de medios de comunicación los requisitos para suscribir contratos de esta índole.
Todos coincidieron en señalar que lo primordial es la autorización expedida por la Autoridad de Fiscalización de las Telecomunicaciones (ATT). En horas de la mañana se verificó la inexistencia de esta autorización, que tampoco consta entre la documentación expuesta por Cuéllar.
Por otro lado, las opiniones fueron divergentes en torno a la protocolización del documento. Cabe señalar que el asesor legal que rubrica el documento, Alexis Fernández, y quien debía verificar toda la documentación, señaló que no había sido protocolizado, por lo cual no tenía validez.
Las autoridades también tienen pendiente informar si el procedimiento “normalizado”, como en los usos cotidianos, implica firmar el contrato y el reconocimiento de firmas en el mismo acto jurídico./El Nacional
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