"Este round lo ganaron los enemigos del sistema"

Human Rights Watch alertó que será más difícil para las víctimas acceder a un sistema de protección

El organismo criticó que algunos países quieran un Comisión que aplauda a los "gobiernos progresistas"

Ante los cambios que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch, ofreció una entrevista a Tal Cual sobre las implicaciones de las reformas que los países del bloque del ALBA, conformado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, pretenden instaurar en el sistema de los derechos humanos.

¿En qué consiste esta nueva etapa de evaluación a la que pasó la CIDH? ­Se acordó trasladar la discusión al Consejo Permanente de la OEA, lo cual es justamente el riesgo que estábamos tratando de evitar. A partir de ahora el Consejo Permanente tendrá la misión de iniciar unos debates con el propósito de buscar fórmulas para poner en práctica unas recomendaciones que ese mismo Consejo le formuló a la Comisión el 25 de enero pasado. Las recomendaciones no eran obligatorias para la CIDH ya que el organismo es independiente de decidir si las aplica o no.

Ahora, lamentablemente, le han quitado el control del proceso a la Comisión y lo han trasladado a los Estados que conforman el Consejo Permanente, por lo que serán los cancilleres los que negociarán cómo implementar esas recomendaciones que originalmente eran voluntarias. Dependiendo de los acuerdos que se alcancen, se verán cuáles reglas del juego cambian.

¿Cuáles son los resultados que se podrían esperar de esta discusión? ­Esa negociación se va a hacer con enemigos declarados de la Comisión, como Venezuela y Ecuador, que van a tener voz y voto en ese proceso pero la Comisión sólo tendrá voz y no voto.

Aquí se inicia una nueva etapa que es la que perseguían los países del ALBA junto a Brasil, Colombia y el propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Una vez que el Consejo llegue a un acuerdo de las recomendaciones y las reformas, ese documento debe ser leído por una Asamblea general extraordinaria de cancilleres que se celebrará dentro de 6 meses o a principios del próximo año y esa Asamblea dará la última discusión sobre el tema, por lo que este primer round lo han ganado los enemigos del sistema.

¿Qué podrían hacer los países que apoyan este sistema de derechos humanos para evitar que se produzcan las reformas? ­Lamentablemente el trabajo de los defensores de los derechos humanos y de aquellos gobiernos que defienden el sistema va a ser damage control, es decir, evitar que el daño sea mayor y abogar en esa dirección. Los países que defienden con fuerza el sistema son pocos y pequeños como Chile, Uruguay, Costa Rica que son apoyados por México, Canadá y Estados Unidos, por lo que no tienen capacidad para frenar este proceso que se está dando.

¿Cuál es su opinión sobre los señalamientos de que la CIDH está poco actualizada y que no responde a las necesidades de los gobiernos actuales? ­Eso es absurdo y parte de la demagogia que está circulando. Hay cancilleres que dicen que la Comisión debe actualizarse porque ya no vivimos en dictaduras, como si en democracia no se violaran los derechos humanos y por eso quieren contar con una Comisión que aplauda a los "gobiernos progresistas", como dice el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Las violaciones a los derechos humanos continúan en materia de libertad de expresión, sociedad civil, alternancia del Poder, independencia del Poder Judicial como el caso de la jueza Afiuni en Venezuela, materia policial y condiciones carcelarias. Ojalá, en la práctica, las políticas de muchos países se hubieran modernizado y en consecuencia no requeriríamos de una CIDH.

¿Usted cree que la Comisión ha omitido denuncias o pronunciamientos? ­En Estados Unidos no hay una dictadura pero existe Guantánamo y la Comisión se ha pronunciado con mucha fuerza al respecto, al contrario de lo que dice el presidente Correa que se ignora los abusos de derechos humanos en Estados Unidos, eso es falso.

¿Qué piensa sobre la posición que ha tenido José Miquel Insulza sobre este tema? ­Habría que preguntarle a Insulza por qué también está promoviendo esas reformas y por qué se suma a este esfuerzo dirigido de debilitar el sistema de derechos humanos. Insulza ha dicho que con esto se consigue más seguridad jurídica y credibilidad, pero yo no veo la relación. Yo creo que su propuesta lo que consigue es debilitar el sistema al encaminarse a un proceso de revisión de facultades de la CIDH.

¿Considera que habría algún aspecto que necesita ser reformado en la CIDH? ­Todos los procedimientos en materia internacional son susceptibles de ser perfeccionados, pero es la Comisión la que tiene la tarea de perfeccionar estos mecanismos, no sobre la base de una imposición de los Estados a los que se supervisa. Además, si alguna reforma se requiere es que los países cumplan con las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que se producirían con las reformas que se buscan implementar? ­El riesgo que estamos viviendo con estos procesos de reforma es que se haga más difícil el acceso de las víctimas a un sistema de protección y además le resta facultadas a la CIDH...

Quieren meterle mano al sistema para quitarle los pocos dientes que tiene.(analítica.com)