El Gobierno estudia eliminar el desacato

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El asilo político otorgado por el Gobierno de Brasil al senador opositor boliviano Róger Pinto, de CN, provocó que la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunciara su desistimiento de continuar un proceso en contra del legislador. Además, adelantó que el Ejecutivo analizará un replanteamiento de esta figura legal en el Código Penal. 

Suxo informó ayer de que desistirá del proceso contra Pinto por desacato, 48 horas después que el Gobierno brasileño confirmara la concesión de asilo que fue solicitado por Pinto, que argumentó persecución política. Sobre el senador pandino pesan 20 juicios, entre ellos cuatro por desacato iniciados por representantes del Ejecutivo.

Paralelamente a este anuncio, el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, insistieron en que hasta ayer por la tarde el Gobierno boliviano no había recibido ninguna comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respecto a un asilo político a favor del senador pandino. 

Esto, pese a que la Cancillería brasileña, mediante su página web, indicó a las 15:15 del viernes que fue aceptada la solicitud de asilo del legislador.

"El Gobierno brasileño decidió conceder el asilo al boliviano Róger Pinto Molina, a la luz de las normas y prácticas de los países latinoamericanos del Derecho Internacional del artículo 4 de la Constitución Federal", señala la declaración escrita.

Entretanto, Róger Pinto cumple una semana de permanencia en la embajada brasileña de La Paz, aguardando un salvoconducto del Gobierno boliviano que le permita dirigirse hasta el aeropuerto de El Alto, donde lo esperará un avión brasileño que lo conducirá a Brasilia.

La ministra Suxo sostuvo que Pinto tiene que rendir cuentas por denuncias de corrupción, aunque desistió del proceso por desacato. “Mañana (por hoy) voy a desistir de la denuncia que tengo contra él. El vicepresidente (Álvaro García Linera) también lo hará”, dijo.

Opositores al Gobierno denunciaron que en Bolivia se ha “criminalizado la política” y que existe la intencionalidad de eliminar la disidencia política bajo la figura de “lucha contra la corrupción”. 

Por su parte Suxo también aclaró que la situación de Pinto es totalmente diferente a la figura que se planteó por la concesión del asilo por parte de Brasil. 

“Se da asilo cuando su vida corre peligro por la manera de pensar, no cuando se tienen delitos comunes. En este caso hay delitos comunes, incluso uno ya está en proceso. El 6 de junio se tenía que ir concluyendo para dictar una sentencia. Habrá que analizar lo que dicen las convenciones internacionales”, explicó la ministra de Transparencia. 

Suxo aseguró que en ningún momento funcionarios de la embajada de Brasil en La Paz se acercaron al Gobierno para averiguar los antecedentes del solicitante. En el caso del gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, refugiado en Paraguay, sí hubo un contacto de la embajada.

Desde el inicio de la gestión de Evo Morales, cientos de opositores han dejado el país en busca de asilo en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú tras acusar al Gobierno de persecución política y argumentar que no tendrán un juicio justo.

   Sobre Róger Pinto    

- Inédito. Róger Pinto se refugió el lunes 28 de mayo en la embajada de Brasil en La Paz para solicitar asilo político, denunciando persecución política, un caso inédito en los últimos 30 años en el país.

n Trayectoria. Pinto tiene 52 años y es parlamentario por Pando desde 1997. 

- Juicios. Enfrenta más de 20 procesos penales interpuestos por autoridades gubernamentales. 

- Denuncias. Cuando hizo pública su decisión de acudir a la embajada brasileña, señaló que cada uno de los juicios se inician como revancha de denuncias de corrupción y narcotráfico que involucran a funcionarios gubernamentales. Sentó una denuncia por protección al narcotráfico en contra del exministro de Gobierno Sacha Llorenti y del exviceministro Marco Farfán. Presentó información que la intervención policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las América (caso Rósza).  

- Acusaciones. Es acusado por desacato y por haber causado daños económicos al Estado cuando fue prefecto de Pando, en 2002.

- Familia. Un día después de que Pinto se refugió en la embajada de Brasil, su madre, su esposa y una de sus hijas tuvieron que dejar su domicilio en Pando. Sus familiares indican que sufrieron amenazas de secuestro y que miembros de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa manifestaron su decisión de entrar al domicilio y tomar sus bienes. La familia de Pinto está en la ciudad fronteriza de Río Branco.

Piden anotar los bienes del senador

Moisés Ponce de León, abogado del fiscal Marcelo Soza, anunció que esta semana presentará un memorial en el que solicitará la anotación de los bienes del senador opositor Róger Pinto, que enfrenta un proceso por desacato.

  En criterio del jurista, no corresponde la otorgación del asilo político que concedió Brasil al legislador pandino, porque no es un perseguido político, sino es investigado por procesos penales. 

La segunda vicepresidenta del Senado, Centa Rek, considera que la aceptación del asilo político es más bien una ratificación de que en Bolivia existe persecución política. 

Hasta ayer, fuentes vinculadas a la organización política Convergencia Nacional (CN) indicaron que están a la espera del salvoconducto que debe ser entregado por la Cancillería del Estado y que la comunicación al senador Pinto se la haría conocer a cinco minutos de que la aeronave que lo trasporte, probablemente de la Fuerza Aérea brasileña, llegue a territorio nacional.

Luis Vásquez Villamor, abogado del senador opositor, explicó que el Gobierno debe entregar un salvoconducto para garantizar el traslado de Pinto desde la sede de la embajada de Brasil hasta el aeropuerto de El Alto, para poder viajar al vecino país.(El Deber)