El Convenio de Montevideo favorece el asilo de Pinto

Roger Pinto, hoy asilado en la embajada del Brasil a 

la espera del salvoconducto que lo lleve fuera del País.

Víctor Hugo Cárdenas, el exvicepresidente de Bolivia explica que al Gobierno sólo le queda demostrar que en el país existe Estado de Derecho.

El Estado Boliviano debe otorgar el salvoconducto al senador de oposición Roger Pinto para que éste se acoja al asilo concedido por Brasil aunque el legislador se halle imputado por delitos comunes, pues la Convención de Montevideo de 1933 así lo ampara.

La explicación corresponde al exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, en respuesta a funcionarios de Gobierno que en días pasados declararon que no correspondía tal asilo, puesto que Pinto no era procesado por delitos políticos, sino comunes.

Según Cárdenas, la primera convención sobre asilo político efectivamente excluía el asilo a personas procesadas por delitos comunes, pero después a fin de evitar persecución política mediante acusaciones de delitos comunes es que en Montevideo se corrige este aspecto.

La Convención del 20 de febrero de 1928 (La Habana) reza en su Artículo 1) “No es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares a personas acusadas o condenadas por delitos comunes (…). Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaran en alguno de los lugares señalados deberán ser entregadas tan pronto como lo requiera la nación local”.

En tanto la convención realizada el 26 de diciembre de 1933 en Montevideo, en su artículo 1 sustituye el texto de la Convención de La Habana por el siguiente: “No es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares a inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados en tribunales ordinarios (…)”.

“Esto significa que cualquier proceso a una persona por delitos comunes debe cumplir las normas de Estado de Derecho, es decir, un proceso imparcial que respete formas de derecho y que haya derecho de legítima de defensa. Eso es lo que no hay en Bolivia”, explicó Cárdenas.

El exvicepresidente agregó que así, el Gobierno no tiene que esforzarse en demostrar que Pinto está acusado por delitos comunes, sino que en Bolivia existe un Estado de Derecho. “Lo que yo personalmente creo es que los procesos a Pinto y a otros políticos de oposición no están en forma. El acusador es el gobierno de Evo Morales, con las normas que elabora ad hoc, o sea, dirigidas contra lo opositores el gobierno de Evo Morales, y quienes llevan adelante el proceso son jueces y fiscales nombrados por el gobierno de Evo Morales”.

Según Cárdenas, varias instituciones internacionales como las Naciones Unidas, a través de la delegada por los Derechos Humanos, Navy Pillay, y Amnistía Internacional, ya se pronunciaron sobre el irregular manejo de la justicia, los procesos políticos en Bolivia y la violación a derechos humanos.

Cárdenas reconoció que no existe plazo para dar el salvoconducto a Pinto, pero no hacerlo implicaría ir contra la propia Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, que defiende los derechos humanos, y disentir con Brasil en un escándalo internacional y desconocimiento de los convenios internacionales.

SENADOR

• Roger Pinto, senador de Convergencia Nacional por Pando pidió asilo en la Embajada de Brasil.

• Se declaró perseguido político debido a los 20 procesos judiciales que le sigue el Gobierno.

• La semana pasada, Brasil accedió a otorgarle el asilo y pidió un salvoconducto para el senador.

• La Cancillería respondió que llevaría nueva documentación a Brasil para demostrar que Pinto no es perseguido político, sino procesado por delitos comunes.

• Actualmente, la Cámara de Senadores debate si mantener su curul o habilitar a su suplente. Pinto, legalmente, aún es senador./Los Tiempos