Edil de Cotoca a prisión por trata de personas

El feriado de Corpus Christi tuvo un sabor amargo para el concejal cotoqueño Luis Fernando Araúz, que se defenderá desde la cárcel de Palmasola por los supuestos delitos de  falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, asociación delictiva y trata de seres humanos que le imputa la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de dicho municipio. Así lo resolvió ayer la jueza Dalia Pedraza, del Juzgado de Instrucción Mixta de Cotoca, al concluir la audiencia cautelar, que duró más de tres horas y media.

La medida fue asumida pese a que el imputado presentó la documentación que acreditaba su domicilio en esa población, una familia establecida y un trabajo fijo como miembro del Concejo Municipal de Cotoca, además de certificados de antecedentes penales y policiales.

Sin embargo, la jueza validó la denuncia del Ministerio Público de que existe riesgo de obstaculización de la justicia por parte de familiares y seguidores que supuestamente estaban amenazando a la parte denunciante.

El fiscal Alonso Claro aseguró que en seguimiento del procedimiento se llamará a declarar a otros involucrados en el caso, ya que dos personas más enfrentan los mismos cargos.

La acusación que pesa sobre Araúz es a raíz de la expedición del certificado de nacido vivo de un bebé de cuatro meses, a nombre de sus padres adoptivos. 

En la audiencia cautelar estuvieron presentes los padres naturales del pequeño, además de su nueva familia.

Dante Parada, abogado del imputado, justificó que los padres biológicos, de condición humilde, cedieron al bebé a Norma Áñez, su empleadora, porque no contaban con las condiciones económicas para cubrir los gastos médicos por una anemia aguda y un problema de tiroides congénito que ponían en riesgo la vida de la criatura. 

Áñez solicitó el documento al edil, que es médico de profesión, porque se lo exigían como requisito en un centro asistencial.

Sin embargo, la jueza indicó que como autoridad suscrita no le quedaba duda de que el sindicado había cometido el acto ilícito y que confluyen los prerrequisitos establecidos en el artículo 281 del Código  Penal, que refiere sobre la trata de seres humanos. “Será sancionada con una pena privativa de libertad de ocho a 12 años, el que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de la fuerza y/o de una situación de vulnerabilidad aunque medie el consentimiento de la víctima, por sí o por terceras personas induzca, realice o favorezca el traslado o reclutamiento o privación de libertad resguardo o recepción de seres humanos dentro o fuera del territorio nacional con cualquiera de los siguientes fines (citó el inciso d) guardas o adopciones ilegales.

“Me siento vulnerado anímicamente y amedrentado porque un miembro del gabinete del alcalde (Wilfredo Áñez) una vez me dijo que no me imaginaba lo que me esperaba, y ahora sé a qué se refería. No sería capaz de negociar a un niño porque mi deber como profesional es cuidarlo. Fue un acto humanitario que no volvería a realizar porque ahora sé todo lo que implica”, declaró Araúz.

Tras leerse la resolución de la jueza, los familiares de Araúz se sumieron en sollozos y este fue llevado inmediatamente a Palmasola, con escolta policial, donde permanece en el PC 4.

AL DETALLE

Observaciones. El abogado Dante Parada observó un incidente de actividad procesal defectuosa porque el fiscal presentó la denuncia al juez cautelar de turno nueve días después de recibida, siendo que la normativa fija el plazo de 24 horas. Asimismo, dijo que el representante del Ministerio Público indicó en su imputación que Araúz fue detenido cuando intentaba darse a la fuga, siendo esto un error que luego admitió y lo atribuyó a una equivocación de su secretaria. 

Apoyo. Vecinos de la comunidad Campanero y del barrio San Antonio llegaron a la audiencia para apoyar al imputado. Tenían pancartas en las que acusaban al alcalde Wilfredo Áñez de irregularidades y de amedrentar a sus fiscalizadores.

Reacciones. Durante la sesión, algunos familiares del acusado lanzaron palabras a los representantes de la Defensoría, que denunciaron a la jueza que los estaban amenazando. Uno de ellos fue retirado de la sala.

Confusión. La jueza dictaminó el traslado inmediato del imputado a Palmasola, pero se decía que pasaría la noche en Cotoca. Los abogados confirmaron que ayer fue trasladado al PC 4 del penal cruceño.(El Deber)