APG suspende bloqueos pero no permitirá trabajos en la Separadora

La industrialización del gas enfrenta recurrentes obstáculos de sectores indígenas de Bolivia. La Planta Separadora de Líquidos del Chaco, que producirá materia prima para la planta de etilenos-polietilenos que se prevé también instalarla en esa región, es ahora el motivo de la oposición de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que bloqueó caminos y el acceso al predio donde debe construírse la factoría.
Ayer, sin embargo, decidieron hacer un cuarto intermedio a los bloqueos en Yacuiba tras recibir una nota del Gobierno en la que se comprometen que los Viceministros de las áreas competentes al conflicto estarán el 5 de julio en la comunidad de Yerabiarenda para iniciar con el diálogo. La APG señala que se levantan los bloqueos pero que no se permitirá que se reanuden trabajos en la Planta Separadora.
Los puntos de bloqueo se levantaron a las 21:00 de ayer, en tanto que el capitán grande de la Asamblea del Pueblo Guaraní Yaku Igua (APG YI), Jorge Mendoza, informó que los ministros señalaron que no pueden llegar porque están en La Paz tratando de solucionar el conflicto de la marcha indígena que rechaza la construcción de una carretera por el Tipnis.
Las autoridades del sector energético declararon ayer que, en lo relacionado a la Planta Separadora del Gran Chaco, ésta se construirá en un predio privado, que no se encuentra dentro del territorio indígena, por lo que ya obtuvieron la licencia ambiental, que se la otorgó luego de hacer la consulta pública respectiva. Los indígenas de la APG, sin embargo, insisten en que deben ser consultados y alegan que la zona está en su territorio.
Sin embargo, se anunció que para el 5 de julio, a las 9:00, enviarán a los viceministros de Hidrocarburos, Medio Ambiente y Tierras, entre otros, para iniciar el diálogo en Yerabiarenda. Mendoza señaló que, si bien se iniciarán las negociaciones, se debe firmar el convenio al cual se pueda llegar con los ministros.
Sobre la nota de prensa emitida por el Ministerio de Hidrocarburos en pasados días señalando que ya se habría hecho la consulta previa al pueblo indígena para comenzar la construcción de la Planta Separadora, Mendoza señaló que sólo se hizo una consulta pública y que, según el Gobierno, se trataría de propiedad privada por lo que la califican en la categoría dos, sin embargo, según informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el lugar sería parte del Territorio Comunitario de Origen (TCO) por lo que exigen que se haga la consulta.
En el departamento se ha producido un consenso entre dirigentes, cívicos y autoridades para invertir recursos departamentales en la conformación de una sociedad con YPFB en la Planta Separadora, cuyo costo asciende a 600 millones de dólares y que generará ingresos por ventas de etanos, butanos, isopentanos y otros, por un valor de 1.000 millones de dólares anuales, según declaró el presidente Evo Morales en semanas anteriores.

La obra generará empleos y, si Tarija participa en el 49% de acciones, podrá multiplicar sus ingresos e invertirlos en otras áreas./El País