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(El País - Tarija).- Éxitos y fracasos. Ambas cosas se han presentado en el desarrollo del programa de vivienda social del gobierno del MAS. Los testimonios dan cuenta de que sólo se materializaron 5.275 de 10.204 viviendas programadas para Tarija. Varias de las casas construidas están habitadas por gallinas, maíz u otros productos agrícolas. Existen también indicios de irregularidades en la selección de las empresas constructoras, varias de las cuales estarían vinculadas a políticos del oficialismo, así como en la función de estas empresas a la hora de construir. Entre los beneficiarios hay sabor a poco.
El sueño de la casa propia está presente en la mente de cada persona y en todos los países del mundo, es por eso que innumerables gobiernos priorizan, como una de sus políticas, la dotación de viviendas. Sin duda, esta apuesta ha llevado a muchos políticos a consolidarse en el gobierno y a muchos otros gobiernos a bajar su nivel de popularidad.
El Programa de Viviendas Solidarias (PVS) creado mediante decreto supremo 28794 nace como un nuevo instrumento de la política de viviendas del gobierno nacional e inicia en 2006. El artículo 14 del Decreto Supremo (DS) 986 establece que el PVS se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha en la cual deberá realizar el cierre técnico, administrativo y financiero de todos los proyectos en curso de ejecución.
Para Tarija se aprobaron 10.204 viviendas. De las cuales, y según información otorgada por la responsable regional del programa, Daniela Quiroga, se terminaron de construir 5.275, quedando cerca de 4.000 viviendas sin concluir. Hubo también un recorte de viviendas debido a problemas con la propiedad de los terrenos en la ciudad de Tarija. El programa ya está cerrado en inscripción, sólo falta realizar el cierre administrativo y concluir las viviendas en ejecución.
Una inspección realizada por el programa de televisión “Encontraste” muestra que aún hay muchas casas inconclusas, denuncias de los beneficiarios e incluso existe, en algunas comunidades, un mal uso de las viviendas lo que podría desencadenar en la pérdida del beneficio. Empero aún queda mucha tela por cortar. Hay viviendas terminadas y gente viviendo en ellas pero también hay denuncias contra algunas empresas constructoras y retrasos en la ejecución.
El sueño de la casa propia está presente en la mente de cada persona y en todos los países del mundo, es por eso que innumerables gobiernos priorizan, como una de sus políticas, la dotación de viviendas. Sin duda, esta apuesta ha llevado a muchos políticos a consolidarse en el gobierno y a muchos otros gobiernos a bajar su nivel de popularidad.
El Programa de Viviendas Solidarias (PVS) creado mediante decreto supremo 28794 nace como un nuevo instrumento de la política de viviendas del gobierno nacional e inicia en 2006. El artículo 14 del Decreto Supremo (DS) 986 establece que el PVS se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha en la cual deberá realizar el cierre técnico, administrativo y financiero de todos los proyectos en curso de ejecución.
Para Tarija se aprobaron 10.204 viviendas. De las cuales, y según información otorgada por la responsable regional del programa, Daniela Quiroga, se terminaron de construir 5.275, quedando cerca de 4.000 viviendas sin concluir. Hubo también un recorte de viviendas debido a problemas con la propiedad de los terrenos en la ciudad de Tarija. El programa ya está cerrado en inscripción, sólo falta realizar el cierre administrativo y concluir las viviendas en ejecución.
Una inspección realizada por el programa de televisión “Encontraste” muestra que aún hay muchas casas inconclusas, denuncias de los beneficiarios e incluso existe, en algunas comunidades, un mal uso de las viviendas lo que podría desencadenar en la pérdida del beneficio. Empero aún queda mucha tela por cortar. Hay viviendas terminadas y gente viviendo en ellas pero también hay denuncias contra algunas empresas constructoras y retrasos en la ejecución.
Chalamarca, Tacuara, La Huerta, Cadillar, Erquis Sud, Coimata, Lajas, Calama, Tomatitas, Canasmoro, San Lorenzo y La Victoria son algunas de las 57 comunidades de Tarija donde aún hay viviendas en ejecución, los beneficiarios piden celeridad debido a que temen quedarse con sus casas a medio construir. Según Quiroga, el programa cierra debido a que afrontará una reestructuración, sin embargo algunas irregularidades dadas a conocer por “Encontraste” parecen indicar lo contrario.
A nivel nacional el Gobierno inició procesos judiciales a 20 empresas por la demora en la entrega de viviendas del PVS durante el periodo 2006-2011. En este lapso se cumplió con el 57,7% de la meta proyectada hasta 2013.
El Programa de Viviendas Solidarias nace con el objetivo de beneficiar a la población de menores ingresos que tenga necesidades habitacionales, uno de los requisitos fundamentales es que el beneficiario no posea una vivienda propia. Una vez que las personas acceden al proyecto de vivienda se ha establecido que el beneficiario deberá participar activamente del proceso de producción de la vivienda. Asumir la responsabilidad de ejecución e incluso elegir la instancia técnica para la implementación del proyecto, designando al supervisor, a la entidad ejecutora y también a la financiera.
En Tarija la mayoría de los entrevistados aseguran que ellos no escogieron la empresa ejecutora. Las comunidades que se visitaron fueron: Erquis Ceibal, Rancho Norte, Rancho Sud, Coimata, Bordo el Mollar, Cadillar y La Victoria. El ex corregidor de Erquis Ceibal quien hizo las gestiones para que los comunarios de su región obtengan el beneficio dijo que desconocen la modalidad de designación de las empresas. “Eso ya ha venido designado de arriba pero no sé cómo”, dijo.
El rol que cumple cada actor dentro del programa de Vivienda Solidaria según Quiroga está muy bien definido. Las entidades ejecutoras, según insiste, son las elegidas por los beneficiarios y éstas pueden ser empresas constructoras, microempresas o cooperativas de vivienda. El COVI Comité de Vivienda es el responsable de representar a los beneficiarios, fortalecer los lazos de unidad y promover la supervisión sostenida de la obra.
Sin embargo, este mecanismo parece no funcionar de manera coordinada en las comunidades visitadas por “Encontraste”. Se evidenciaron retrasos en la ejecución de las viviendas, las visitas de los supervisores son escasas y según la ex autoridad y otros comunarios de Erquis Ceibal, que prefirieron no dar su nombre, “las empresas sólo supervisan y cumplen los plazos de la obra cuando tienen que cobrar sus planillas de pago”. En Tomatitas los reclamos son los mismos.
Según Quiroga, las causales de pérdida del beneficio se dan cuando el beneficiario da uso distinto al fin social de la vivienda o no la ocupa, también cuando el beneficiario la entrega en calidad de alquiler o cuando él o su conyugue cuenta con una vivienda propia. Más aún, en la comunidad de Tomatitas se evidenció que algunas viviendas son utilizadas como depósitos de cebollas e incluso hubo una denuncia de que uno de los beneficiarios es un argentino que no habitaría su vivienda. “Estos son de Argentina y recibieron vivienda”, dijo una persona del lugar que prefirió reservar su identidad. En la inspección también se observó una beneficiaria que utilizaba la vivienda solidaria como habitación de sus hijos debido a que ya poseía una casa a lado de la misma.
En cuanto a los recursos financieros el decreto de creación del PVS establece tres mecanismos, el primero se trata de una recaudación del 2% del aporte patronal público y privado. El segundo se trata de créditos externos e internos y el tercero establece como fuente de ingreso los recursos destinados a vivienda. El programa para llegar al destinatario cubre el material de construcción a excepción de las ventanas, puertas y accesorios para el baño. Los beneficiarios deben poner la mano de obra y demás cosas restantes, empero si estos no tienen los recursos suficientes el retraso se hace presente.
“No es totalmente gratis, nos dijeron que iba a serlo pero finalmente yo estoy gastando hasta este momento quince mil bolivianos y ya no tengo más por eso no avanza mi construcción”, revela una comunaria de Tomatas que dice estar ahorrando para continuar con el trabajo. A su casa le falta el revocado, el piso, el baño como también las puertas y ventanas. En un sondeo realizado se evidenció que los beneficiarios gastan entre 10 a 20 mil bolivianos en materiales faltantes. Si los beneficiarios quieren alguna mejora no pueden cambiar el modelo, ni tamaño de la casa pero si la calidad de material.
Entre otras de las irregularidades recabadas está una muy llamativa. Cuando los comunarios vieron las planillas de número de viviendas designadas a cada comunidad se sorprendieron ya que aseguran que son mucho menos de las establecidas en dicha planilla.
Desmejora del material
Sobre los materiales de construcción el panorama no es muy claro y hubo muchos beneficiarios que denunciaron la desmejora del material dotado. López dijo que de tejas se cambió a calamina y el ladrillo redujo de tamaño. Hay también declaraciones reveladoras de arquitectos que trabajaron en el PVS y aseguran la existencia de irregularidades cometidas por las empresas en cuanto a la desmejora del material.
El ex corregidor de Erquis Ceibal denunció que las empresas los tienen amenazados para no revelar las irregularidades. “Nosotros no denunciamos porque las empresas nos amenazaron diciendo que si reclamamos pues ya no tendremos la vivienda”, dijo y añadió que esa es la forma de acallar los reclamos de los beneficiarios. “Pedimos que venga la empresa a supervisar que nos hace falta, hace días no viene el soldador y las casas están inhabitables”, resaltó.
Monto invertido
Hasta la fecha se ha desembolsado cerca de 150 millones de bolivianos y se tiene un monto comprometido de desembolso de poco más de 37 millones de bolivianos.
El programa debe cerrar hasta fin de año y luego afrontará una auditoria. Quiroga afirma que ha escuchado de un sinfín de solicitudes de auditorías de los partidos opositores al Gobierno, sin embargo asegura que hasta ahora no recibió ningún pedido formal escrito.
Ayer, el Viceministro de Vivienda, Bonny Morales, resaltó que jamás en la historia de Bolivia se construyeron socialmente tantas viviendas como las 36.504 viviendas que se edificaron entre las gestiones 2006-2011 a nivel nacional, las mismas que beneficiaron a similar número de familias que accedieron a una “vivienda digna”.
De ese número, detalló que el 65% están en el área rural de los nueve departamentos y el resto en las ciudades. Sin embargo, Morales reconoció que hay irresponsabilidad de parte de algunas empresas que no cumplieron los contratos y existen propietarios de terrenos que no viabilizaron la compra y venta de los lotes para la construcción de las viviendas. Como también beneficiarios que teniendo una vivienda ingresaron al Plan, lo cual es ilegal.
Estas son algunas de las irregularidades comprobadas por el programa “Encontraste” que es transmitido todos los domingos por Plus Tv.
Los problemas a nivel nacional
El coordinador general del Plan de Vivienda Social y Solidaria (PVS), Alfonso Parrado, quien visitó ayer el programa “Encontraste” dijo que realizarán una inspección para verificar el estado de cada una de las viviendas del PVS. “De los resultados que obtengamos vamos a iniciar todas las acciones legales necesarias para poner coto a este tipo de arbitrariedades”, señaló e invitó al equipo de “Encontraste” a formar parte de la supervisión.
Cabe recordar que Parrado desmintió las acusaciones hechas contra el PVS tras la denuncia vertida por el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, quien señaló que de 14 proyectos fiscalizados en Cochabamba donde se tenían que construir 3.757 casas sólo se encontraron 206. Además, el diputado de la oposición dijo que de 14 planes de vivienda, 12 están abandonados. Parrado insistió en que no existen tales irregularidades, empero invitó a los comunarios a presentar sus quejas en pro de mejorar el programa de Viviendas Solidarias.
Una sinuosa historia de la vivienda social en Bolivia
Antes del Programa de Viviendas Solidarias (PVS) iniciado por el actual gobierno el año 2006 y cuyo capítulo se cerrará pronto, según anunciaron autoridades del sector, existieron otros centrados en la dotación de viviendas. Entre 1953 y 1997 se sucedieron entidades de diverso nombre pero el mismo modus operandi: el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), el Fondo de Vivienda (Fonvi), el Fondo de Vivienda Social (Fonvis) y otros parecidos, que administraban los aportes laborales (2%) y patronales (1%) para la construcción de vivienda social. Todos fracasaron y fueron engullidos por la corrupción pública, al punto que la última versión de ellos, el Fonvis, fué liquidado en diciembre de 1997.
Ese mismo mes nació un nuevo modelo de gestión de vivienda, denominado Programa Nacional de Subsidios de Vivienda (PNSV). A diferencia de los anteriores, éste no contrataba empresas ni compraba terrenos y menos aún construía directamente viviendas. Según su reglamento, su rol fue el de distribuir subsidios directos (dinero) a los carentes de techo propio (hasta 3 mil dólares por familia). Puso también en marcha el programa de mejoramiento de viviendas y barrios periféricos y atendió, mediante el subsidio directo, la pérdida de vivienda de quienes fueron afectados por desastres naturales, como terremotos, riadas, inundaciones y otros. En Tarija se distribuyeron entre 1998 y 2001 miles de subsidios directos para construcción de viviendas nuevas y para mejoramiento de viviendas rurales en los sectores afectados por el Chagas. Inexplicablemente, este programa fué suspendido por el gobierno de Jorge Tuto Quiroga el año 2001. En ese momento se denunció que la suspensión se debió a que su gobierno necesitó echar mano de los recursos destinados al subsidio para financiar el déficit fiscal.
Nunca hubo una denuncia de corrupción en relación al PNSV, porque, según analistas consultados, el dinero del subsidio se entregaba directamente al beneficiario para financiar todo o una parte del costo de su vivienda, y porque el registro anual de beneficiarios era público con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda impugnar a algún beneficiario.
Entre 2001 y 2006 hubo una pausa, algo así como una vacación estatal en relación a la vivienda social, pese a ser considerada una de las funciones del Estado el de garantizar un techo digno para los bolivianos. En 2006 el Estado volvió a intervenir en la vivienda social en el gobierno de Evo Morales, con los resultados que ahora se pueden empezar a evaluar, aunque de inicio confrontó problemas, ya que, junto al cambio de autoridades del sector, se hicieron varios ajustes a sus reglamentos. Así, a cinco años y medio de iniciado el programa y a un paso de su cierre hay muchos reclamos que salen a la luz como también irregularidades puntuales.
A nivel nacional el Gobierno inició procesos judiciales a 20 empresas por la demora en la entrega de viviendas del PVS durante el periodo 2006-2011. En este lapso se cumplió con el 57,7% de la meta proyectada hasta 2013.
El Programa de Viviendas Solidarias nace con el objetivo de beneficiar a la población de menores ingresos que tenga necesidades habitacionales, uno de los requisitos fundamentales es que el beneficiario no posea una vivienda propia. Una vez que las personas acceden al proyecto de vivienda se ha establecido que el beneficiario deberá participar activamente del proceso de producción de la vivienda. Asumir la responsabilidad de ejecución e incluso elegir la instancia técnica para la implementación del proyecto, designando al supervisor, a la entidad ejecutora y también a la financiera.
En Tarija la mayoría de los entrevistados aseguran que ellos no escogieron la empresa ejecutora. Las comunidades que se visitaron fueron: Erquis Ceibal, Rancho Norte, Rancho Sud, Coimata, Bordo el Mollar, Cadillar y La Victoria. El ex corregidor de Erquis Ceibal quien hizo las gestiones para que los comunarios de su región obtengan el beneficio dijo que desconocen la modalidad de designación de las empresas. “Eso ya ha venido designado de arriba pero no sé cómo”, dijo.
El rol que cumple cada actor dentro del programa de Vivienda Solidaria según Quiroga está muy bien definido. Las entidades ejecutoras, según insiste, son las elegidas por los beneficiarios y éstas pueden ser empresas constructoras, microempresas o cooperativas de vivienda. El COVI Comité de Vivienda es el responsable de representar a los beneficiarios, fortalecer los lazos de unidad y promover la supervisión sostenida de la obra.
Sin embargo, este mecanismo parece no funcionar de manera coordinada en las comunidades visitadas por “Encontraste”. Se evidenciaron retrasos en la ejecución de las viviendas, las visitas de los supervisores son escasas y según la ex autoridad y otros comunarios de Erquis Ceibal, que prefirieron no dar su nombre, “las empresas sólo supervisan y cumplen los plazos de la obra cuando tienen que cobrar sus planillas de pago”. En Tomatitas los reclamos son los mismos.
Según Quiroga, las causales de pérdida del beneficio se dan cuando el beneficiario da uso distinto al fin social de la vivienda o no la ocupa, también cuando el beneficiario la entrega en calidad de alquiler o cuando él o su conyugue cuenta con una vivienda propia. Más aún, en la comunidad de Tomatitas se evidenció que algunas viviendas son utilizadas como depósitos de cebollas e incluso hubo una denuncia de que uno de los beneficiarios es un argentino que no habitaría su vivienda. “Estos son de Argentina y recibieron vivienda”, dijo una persona del lugar que prefirió reservar su identidad. En la inspección también se observó una beneficiaria que utilizaba la vivienda solidaria como habitación de sus hijos debido a que ya poseía una casa a lado de la misma.
En cuanto a los recursos financieros el decreto de creación del PVS establece tres mecanismos, el primero se trata de una recaudación del 2% del aporte patronal público y privado. El segundo se trata de créditos externos e internos y el tercero establece como fuente de ingreso los recursos destinados a vivienda. El programa para llegar al destinatario cubre el material de construcción a excepción de las ventanas, puertas y accesorios para el baño. Los beneficiarios deben poner la mano de obra y demás cosas restantes, empero si estos no tienen los recursos suficientes el retraso se hace presente.
“No es totalmente gratis, nos dijeron que iba a serlo pero finalmente yo estoy gastando hasta este momento quince mil bolivianos y ya no tengo más por eso no avanza mi construcción”, revela una comunaria de Tomatas que dice estar ahorrando para continuar con el trabajo. A su casa le falta el revocado, el piso, el baño como también las puertas y ventanas. En un sondeo realizado se evidenció que los beneficiarios gastan entre 10 a 20 mil bolivianos en materiales faltantes. Si los beneficiarios quieren alguna mejora no pueden cambiar el modelo, ni tamaño de la casa pero si la calidad de material.
Entre otras de las irregularidades recabadas está una muy llamativa. Cuando los comunarios vieron las planillas de número de viviendas designadas a cada comunidad se sorprendieron ya que aseguran que son mucho menos de las establecidas en dicha planilla.
Desmejora del material
Sobre los materiales de construcción el panorama no es muy claro y hubo muchos beneficiarios que denunciaron la desmejora del material dotado. López dijo que de tejas se cambió a calamina y el ladrillo redujo de tamaño. Hay también declaraciones reveladoras de arquitectos que trabajaron en el PVS y aseguran la existencia de irregularidades cometidas por las empresas en cuanto a la desmejora del material.
El ex corregidor de Erquis Ceibal denunció que las empresas los tienen amenazados para no revelar las irregularidades. “Nosotros no denunciamos porque las empresas nos amenazaron diciendo que si reclamamos pues ya no tendremos la vivienda”, dijo y añadió que esa es la forma de acallar los reclamos de los beneficiarios. “Pedimos que venga la empresa a supervisar que nos hace falta, hace días no viene el soldador y las casas están inhabitables”, resaltó.
Monto invertido
Hasta la fecha se ha desembolsado cerca de 150 millones de bolivianos y se tiene un monto comprometido de desembolso de poco más de 37 millones de bolivianos.
El programa debe cerrar hasta fin de año y luego afrontará una auditoria. Quiroga afirma que ha escuchado de un sinfín de solicitudes de auditorías de los partidos opositores al Gobierno, sin embargo asegura que hasta ahora no recibió ningún pedido formal escrito.
Ayer, el Viceministro de Vivienda, Bonny Morales, resaltó que jamás en la historia de Bolivia se construyeron socialmente tantas viviendas como las 36.504 viviendas que se edificaron entre las gestiones 2006-2011 a nivel nacional, las mismas que beneficiaron a similar número de familias que accedieron a una “vivienda digna”.
De ese número, detalló que el 65% están en el área rural de los nueve departamentos y el resto en las ciudades. Sin embargo, Morales reconoció que hay irresponsabilidad de parte de algunas empresas que no cumplieron los contratos y existen propietarios de terrenos que no viabilizaron la compra y venta de los lotes para la construcción de las viviendas. Como también beneficiarios que teniendo una vivienda ingresaron al Plan, lo cual es ilegal.
Estas son algunas de las irregularidades comprobadas por el programa “Encontraste” que es transmitido todos los domingos por Plus Tv.
Los problemas a nivel nacional
El coordinador general del Plan de Vivienda Social y Solidaria (PVS), Alfonso Parrado, quien visitó ayer el programa “Encontraste” dijo que realizarán una inspección para verificar el estado de cada una de las viviendas del PVS. “De los resultados que obtengamos vamos a iniciar todas las acciones legales necesarias para poner coto a este tipo de arbitrariedades”, señaló e invitó al equipo de “Encontraste” a formar parte de la supervisión.
Cabe recordar que Parrado desmintió las acusaciones hechas contra el PVS tras la denuncia vertida por el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, quien señaló que de 14 proyectos fiscalizados en Cochabamba donde se tenían que construir 3.757 casas sólo se encontraron 206. Además, el diputado de la oposición dijo que de 14 planes de vivienda, 12 están abandonados. Parrado insistió en que no existen tales irregularidades, empero invitó a los comunarios a presentar sus quejas en pro de mejorar el programa de Viviendas Solidarias.
Una sinuosa historia de la vivienda social en Bolivia
Antes del Programa de Viviendas Solidarias (PVS) iniciado por el actual gobierno el año 2006 y cuyo capítulo se cerrará pronto, según anunciaron autoridades del sector, existieron otros centrados en la dotación de viviendas. Entre 1953 y 1997 se sucedieron entidades de diverso nombre pero el mismo modus operandi: el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), el Fondo de Vivienda (Fonvi), el Fondo de Vivienda Social (Fonvis) y otros parecidos, que administraban los aportes laborales (2%) y patronales (1%) para la construcción de vivienda social. Todos fracasaron y fueron engullidos por la corrupción pública, al punto que la última versión de ellos, el Fonvis, fué liquidado en diciembre de 1997.
Ese mismo mes nació un nuevo modelo de gestión de vivienda, denominado Programa Nacional de Subsidios de Vivienda (PNSV). A diferencia de los anteriores, éste no contrataba empresas ni compraba terrenos y menos aún construía directamente viviendas. Según su reglamento, su rol fue el de distribuir subsidios directos (dinero) a los carentes de techo propio (hasta 3 mil dólares por familia). Puso también en marcha el programa de mejoramiento de viviendas y barrios periféricos y atendió, mediante el subsidio directo, la pérdida de vivienda de quienes fueron afectados por desastres naturales, como terremotos, riadas, inundaciones y otros. En Tarija se distribuyeron entre 1998 y 2001 miles de subsidios directos para construcción de viviendas nuevas y para mejoramiento de viviendas rurales en los sectores afectados por el Chagas. Inexplicablemente, este programa fué suspendido por el gobierno de Jorge Tuto Quiroga el año 2001. En ese momento se denunció que la suspensión se debió a que su gobierno necesitó echar mano de los recursos destinados al subsidio para financiar el déficit fiscal.
Nunca hubo una denuncia de corrupción en relación al PNSV, porque, según analistas consultados, el dinero del subsidio se entregaba directamente al beneficiario para financiar todo o una parte del costo de su vivienda, y porque el registro anual de beneficiarios era público con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda impugnar a algún beneficiario.
Entre 2001 y 2006 hubo una pausa, algo así como una vacación estatal en relación a la vivienda social, pese a ser considerada una de las funciones del Estado el de garantizar un techo digno para los bolivianos. En 2006 el Estado volvió a intervenir en la vivienda social en el gobierno de Evo Morales, con los resultados que ahora se pueden empezar a evaluar, aunque de inicio confrontó problemas, ya que, junto al cambio de autoridades del sector, se hicieron varios ajustes a sus reglamentos. Así, a cinco años y medio de iniciado el programa y a un paso de su cierre hay muchos reclamos que salen a la luz como también irregularidades puntuales.
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